fbpx De despojo arbitrario, acusan industriales al gobierno del Edomex

sr-yonke-venta-de-autopartes-originales-deshuesadero-refacc-3162-MLM3962306919_032013-FECATEPEC, ECOMEX, 31 de octubre (Al Momento Noticias).- Aunque demostraron tener escrituras, mismas que les fueron entregadas por el propio Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México, la madrugada de ayer la policía estatal llegó a la franja de tierra conocida como La Curva del Diablo, para vigilar que personal del gobierno del Estado de México, con maquinaria, demoliera los deshuesaderos que durante los últimos 30 años estuvieron en ese lugar.

Los dueños de esas propiedades que el gobierno del Estado de México entregará a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para incorporarlos al proyecto del aeropuerto y zona ecológica, aseguraron que el gobernador Eruviel Ávila Villegas, los despojó de manera arbitraria.

En sí, los terrenos en donde se encontraban más de 60 deshuesaderos de autos, tienen un valor de 140 millones de pesos, ya que es una franja de 20 mil metros cuadrados.

Salvador Estrada, representante de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Reciclados AC, en compañía de Guadalupe Hernández, Norma Flores y Mercedes Arellano, explicaron que no existe ninguna notificación o procedimiento de expropiación de las tierras, simplemente es un despojo.

El 27 de noviembre de 2013, el gobierno del Estado de México con más de mil policías llegó a la Curva del Diablo, para realizar un operativo en busca de autos robados.

Sin embargo, eso sólo fue el pretexto para sacar a los propietarios y sus trabajadores para ocupar el espacio, con tal de que se le entregara a la CONAGUA.

“Meses después dijeron que habían encontrado marihuana y ahora nos están confiscando todas las propiedades, pidiendo que saquemos todas nuestras cosas y productos porque estamos en terrenos federales”, dijo el líder de los propietarios de deshuesaderos.

El dirigente aseguró que incluso se les está negando la oportunidad de demostrar que son legítimos dueños de los predios desde hace 30 años mediante juicios, resueltos en los años 2005 y 2007 y cuyas escrituras fueron otorgadas durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador.

Expuso que varios propietarios de desahuesaderos y vecinos se están amparando y en algunos casos ya se obtuvo la suspensión de lo que, reiteró, “es un despojo arbitrario, nos quieren sacar a cómo dé lugar”.

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