Tribunal deja sin efecto el auto de formal prisión contra esposa de José Luis Abarca

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CIUDAD DE MÉXICO.— Un Tribunal federal otorgó un amparo a María de los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con lo que dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México confirmó la decisión del juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales de la entidad de conceder el amparo a la ex primera dama de Iguala, señalada por supuestos vínculos con los Guerreros Unidos, grupo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

⇒ Sin embargo, la resolución no implica que Pineda Villa será puesta en libertad, pues los magistrados ordenaron tomar nuevamente la declaración preparatoria de Pineda Villa. 

⇒ Asimismo, que se revelen los nombres y datos de identificación de los testigos protegidos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó en su contra. Así como exhibir las pruebas que existe y los hechos concretos que se le atribuyen para que pueda defenderse.

Los nombres y datos de identificación que ordenó revelar el Tribunal, son los de los testigos colaboradores con nombres claves Mateo (Sergio Villarreal Barragán) y “X” (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza).

De acuerdo con Milenio, tanto Mateo como “X” fueron usados por la PGR para declarar en un sinfín de investigaciones, como la del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y contra el abogado José Gerardo Ortega Maya, ex asesor del ex secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, por mencionar algunas.

En todos los casos, los asuntos se les cayeron a la PGR porque los testigos mintieron y porque no reconocieron firmas (que fueron falsificadas) en sus declaraciones.

El Tribunal puntualizó que todo lo ordenado en su sentencia debe realizarse de acuerdo con diversos numerales de la Constitución, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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AM.MX/dsc

Redacción/dsc
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