Carmen Lila / Cdmx
*En Perú, ley que castiga a arrendatarios.
*La situación empeorará para indocumentados.
*Cuestionan ley que aprobó el Congreso.
*Es para impedir que extranjeros accedan a vivienda.
*No deja de crecer la cantidad de migrantes venezolanos.
La imagen del diario El Comercio de Lima muestra a migrantes venezolanos escoltados por la policía peruana hacia una oficina de migración en la frontera con Chile, en Tacna, Perú, el viernes 4 de agosto de 2023, a lo que se suma el número de llegados del país gobernado por Nicolás Maduro.
La imagen de primera plana es reflejo de la crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú que se intensificó con cientos de migrantes que quedaron varados en el límite fronterizo, sin poder cruzar a Perú, a donde llegan sin tener lugares para alojarse.
En Perú residen cerca de 650 mil personas extranjeras, que carecen de documento de identidad; sin embargo, con la modificación que el Congreso hizo a la Ley de Migraciones, estos ciudadanos no podrían acceder a una vivienda en el país.
El Pleno del Congreso aprobó que se cambien los artículos 10, 45, 61 y 63 del Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, por lo que se convirtió en obligatorio que los ciudadanos extranjeros demuestren que poseen documento de identidad en el Perú para alquilar un espacio donde vivir.
Con estos cambios a la norma, se castigará a los arrendatarios que alquilen sus casas o habitaciones a personas extranjeras, cuya situación migratoria es irregular, y la Superintendencia Nacional de Migraciones lo sabrá porque es obligatorio que informen los datos de sus inquilinos extranjeros.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la aprobación de esta medida y explicó por qué es peligrosa: el cambio realizado a la Ley de Migraciones va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos, firmados por el Estado peruano.
“También coloca en riesgo a las personas migrantes y refugiadas en el Perú”, dijo Balakrishnan Rajagopa, representante de la ONU en Perú, quien aclaró que la vivienda es un derecho humano al que deben acceder todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición migratoria.
“Es un derecho humano, independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria. Nadie debería verse obligado a quedarse sin hogar”, comentó, mientras su colega peruano, Felipe González Morales, añadió que la reciente norma aprobada solo empeorará la situación en el país andino.
“Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a los propietarios que alquilan viviendas y alojamiento a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más las de por sí graves circunstancias”, aseguró.
Por otra parte, la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Lima, comunicó que actualmente un millón y medio de venezolanos desplazados de su país residen en el Perú, según indicó en su último informe titulado “Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado”.
Desde los últimos meses de 2021, el Perú ha venido recibiendo a más personas de esta nacionalidad. En total, son 170 mil ciudadanos venezolanos que ingresaron desde entonces, y similar situación se observa en Colombia.
A fines de 2022, cerca de 900 mil personas refugiadas y 5.2 millones en situación de protección internacional vivían en Latinoamérica, la mayoría provenientes de Venezuela, que padece una crisis económica que aumenta día con día, obligando a sus habitantes a salir de la nación-
Lima es la ciudad donde residen más personas desplazadas, provenientes de Venezuela, según otro informe publicado por ACNUR: de los más de 1.3 millones de venezolanos que viven en Perú, cerca de un millón reside en Lima y Callao, lo que convierte a la capital en la ciudad extranjera donde hay más personas de Venezuela.
“De los seis millones de venezolanos que han tenido que dejar su país, poco más del 80 % ha ido a América Latina, principalmente a América del Sur, y en el caso de Lima, la mayor parte reside en distritos de las zonas norte y este.
Se trata de una población económicamente activa, con cerca del 65 % de entre 15 y 40 años”, informó Federico Luis Agustí, otro de los representantes del ACNUR en Perú, al diario El Comercio, que ha dado seguimiento a una crisis creciente e imparable.
