CIUDAD DE MÉXICO.- Los juicios de amparo promovidos por víctimas contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) incrementaron 695%, al pasar de 20 demandas en 2023 a 159 en 2025, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia.
La información, correspondiente a la solicitud con terminación 1825, muestra que los amparos se interpusieron por la falta de resolución de la Comisión ante solicitudes de reparación del daño por parte de las víctimas.
Del total de 159 trámites de amparo contabilizados el año pasado, la Comisión llevó 155 procedimientos hasta la etapa de sentencia en lugar de un acuerdo reparatorio, lo que representa 98% de litigio en contra de las víctimas.
En contraste, solo cuatro juicios, equivalentes a 2%, se declararon sin materia antes de llegar a sentencia, luego de que se acordara la reparación del daño.
Además, los amparos promovidos por víctimas para inconformarse con los dictámenes de montos y ayudas por indemnización también mostraron un incremento significativo: en 2023 se registraron 42 demandas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 119, lo que representa un aumento de 183%.
La estadística también revela un crecimiento en los recursos de revisión y queja promovidos por la propia CEAV dentro de juicios de amparo relacionados con reparaciones del daño y otras medidas ordenadas judicialmente; en 2023 se presentaron 15 recursos, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 66, un incremento de 340%.
En respuesta a la solicitud de información, la CEAV indicó que no cuenta con un desglose específico de los montos otorgados por concepto de reparación del daño o indemnizaciones durante el periodo de 2023 a 2025, y que únicamente dispone de estadísticas presupuestales generales.
La institución explicó que los pagos a víctimas se realizan a partir de instrucciones emitidas por las direcciones generales de Atención y Acompañamiento, el Comité Interdisciplinario Evaluador y la Asesoría Jurídica Federal, y que los recursos se ejercen a través de las partidas 44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, y 44102 Gastos por servicios de traslado de personas.
De acuerdo con la información proporcionada, en 2023 se ejercieron mil 213 millones de pesos en dichas partidas; en 2024, mil 392 millones, y hasta noviembre de 2025, mil 223 millones de pesos. No obstante, la CEAV precisó que no es posible identificar cuánto de esos recursos corresponde específicamente al pago de reparaciones del daño a víctimas.
Fondo desaparecido
En noviembre pasado, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad sobre el artículo 132, fracción I de la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de 2020, decretada por la extinta Primera Sala, y que revivía el Fondo General de Víctimas.
De acuerdo con el Centro Prodh, la reforma a la LGV, impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, eliminó la garantía de contar con un presupuesto mínimo, exclusivo e irreductible para las medidas de “ayuda, atención y reparación” a víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos, el cual no podía ser menor del 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Organizaciones civiles alertaron que el Fondo se eliminó en definitiva porque la SCJN reabrió la discusión de un Amparo en Revisión, al analizar la constitucionalidad de la reforma, asunto que ya se había discutido por la Primera Sala de SCJN.
“Esta práctica es violatoria del principio de seguridad jurídica y contraviene la figura de cosa juzgada, al reabrir discusiones que jurídicamente debían”, indicaron en un posicionamiento.
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