CIUDAD. DE MÉXICO, 21 de mayo (AlmomentoMX).- Al iniciar la cuarta mesa de análisis, Leyza Fernández Vega, subsecretaria de Innovación y Emprendimiento Cultural de Hidalgo, apuntó que el PND tiene que enfocarse a terminar con la obesidad gubernamental, para ello se requiere dignificar la labor de los servidores públicos e impulsar las buenas prácticas, porque sólo así se podrá erradicar la corrupción.
Indicó que otro aspecto que debe promoverse es empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones y terminar con los procesos discrecionales, pues delimita y genera actos deshonestos.
Claudia Alonso Pesado, especialista en Gestión y Organización Institucional, planteó la necesidad de revisar la función del Estado en materia de su capacidad regulatoria en el ámbito económico. “La estabilidad, la corrupción y el bienestar depende de la forma de cerrar brechas y permitir la distribución de la riqueza de manera más equitativa.
Aseguró que la política institucional tendrá que asumir ser garante de derechos humanos, por lo que propuso establecer de manera transversal los diseños de las políticas institucionales, la cultura democrática y la perspectiva de género.
En su turno, José Luis Leal Espinoza, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, dijo que no se puede, ni se debe permitir que las magistraturas y cargos de decisión jurisdiccional “sean botín político de administraciones locales”, por lo que propuso reformar la Ley de Profesiones para que la integración del Poder Judicial de Federación y de los estados sea por concurso, en el que se demuestre que se es mejor que cualquiera que aspire a ese puesto”.
Planteó hacer obligatoria la colegiación de abogados para litigar, porque son quienes defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos. “No es posible que tengamos colegios de abogados que sólo se reúnen el día del abogado para hacer desayunos”. ´
Consideró que México está en un equilibrio entre la posición francesa e inglesa, entre el parlamento y las instituciones y “el PND va en ese sentido, es ambicioso, amplio, es profundo, pero los diputados apoyados por la sociedad civil, académicos y funcionarios públicos deben aterrizar y hacer justiciables los derechos, para que los ciudadanos puedan sentirlos como propios.
Imer Benjamín Flores, doctor en derecho e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, planteó que el PND no identifica el modelo que pretende desarrollar. No hay claridad de lo que busca construir como alternativa, aunque se estima que es un plan con enfoque antineoliberal. Pidió establecer ejes más claros para conocer qué se busca lograr y cómo hacerlo.
“No hay articulación para medir y evaluar cómo se van a aterrizar muchas propuestas” afirmó. Destacó que uno de los grandes rubros es el de la corrupción, que exige convocar a todos los sectores para que participen en el marco de la democracia asociativa.
Reconoció la importancia de separar el poder político del económico, cuya dualidad ha fomentado corrupción. Pidió privilegiar el respeto de los derechos humanos como eje articulador de las diversas estrategias de gobierno. Expresó su preocupación de que en la lógica de austeridad se recorte lo esencial para muchas familias que requieren apoyos, para no apagar la luz de esperanza que les queda a los mexicanos.
María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena dijo que el gran problema de no tener un servicio civil de carrera eficaz y eficiente en todos los sectores de la sociedad, “es parte de lo que podría explicar las malas prácticas y el mal gobierno que se ha tenido”, por lo que es importante resolver este tema. Afirmó que en el PND están perfectamente planteados los ejes generales, objetivos específicos, estrategias para ejecutar y los indicadores de desempeño.
De MC, la diputada Julieta Macías Rábago pidió conocer qué acciones o medidas concretas se pudieran proponer para que el Poder Judicial tenga participación en el Plan Nacional de Desarrollo.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) sostuvo que el documento no establece ninguna estrategia clara que permita a las diputadas y diputados medir la efectividad de las políticas públicas y ésa es una parte de la responsabilidad que se menciona en el artículo 5 de la Ley de Planeación. “No contiene indicadores que permitan medir el alcance de las políticas públicas desarrolladas y no existe una correlación entre el ejercicio presupuestal y las políticas públicas que se implantarán”.
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