TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- En comisiones unidas continúa el análisis de la iniciativa impulsada por la diputada Azucena Cisneros para crear la Ley de Cultura Cívica para el Estado de Estado de México, que busca reducir conflictos vecinales y evitar que escalen a conductas delictivas o actos de violencia, a la que asistió el representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Miguel Sadot Sánchez, quien externó el apoyo al proyecto por su importancia no solamente jurídica sino desde el punto de vista social.
Ante integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Procuración y Administración de Justicia, el representante del TSJEM, externó el apoyo para impulsar uno de los proyectos que considera el Tribunal reviste una importancia no solamente jurídica sino desde el punto de vista social, a partir de la reforma de 2017 ha sido una constante en todos los poderes legislativos buscar las herramientas a partir de esta legislación para fomentar la paz y cultura de la legalidad que permita la restauración y el fortalecimiento del tejido social.
En una cuarta sesión de trabajo, se analizan de manera conjunta las iniciativas de Morena y del PRI, donde se siguen recibiendo las aportaciones y comentarios al proyecto, como los del diputado Ariel Juárez Rodríguez, respecto de los recursos municipales para la implementación de este modelo y, a la figura del juez cívico y su relación con el Poder Judicial.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez, quien fungió como secretario en la reunión de trabajo, otorgó la palabra a su compañero de bancada, quien expresó que sería bueno apegarse a la propuesta del representante del TSJEM del interés que tiene el magistrado Ricardo Sodi, de estar en una próxima sesión de trabajo para poder escuchar y de ahí tomar en consideración de las acotaciones, sobre la Ley de Cultura Cívica que viene en la propuesta sobre la Ley Penal del Estado de México.
En las participaciones, la diputada Juanita Bonilla, cuestionó sobre el mecanismo para que no se genere una problemática en su aplicación de la ley, si se expedirá la ley y luego se consulta a los pueblos originarios, afromexicanos y con discapacidad para que conozcan la legislación, que se incluye en el sexto transitorio.
Cuestionamiento que la legisladora Karina Labastida Sotelo, pidió aclarar cómo quedaría la consulta a los pueblos originarios, por lo que el presidente de las comisiones, Enrique Jacob, apuntó que se tomará en cuenta, en este sentido, la disponibilidad del TSJEM de seguir apoyando la propuesta, a través del cuerpo de asesores
Al respecto, el representante del TSJEM señaló que para esta disposición los congresos están obligados a realizar consultas previas al originarse iniciativas que afecten a los pueblos originarios, para dar exacto cumplimiento, llevar a cabo la consulta previa a los 5 grupos étnicos o establecer en un artículo transitorio que las disposiciones tendrán un periodo para aplicarse hasta en tanto no se lleven a cabo las consultas, que son obligación constitucional e implica la validez del orden legal.
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