CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentos del SAT confirmaron que el buque Challenge Procyon que arribó a finales de marzo de 2025, al puerto de Tampico, traía más de 20 millones de litros de combustible ilegal y no los 10 millones de litros que las autoridades federales informaron haber decomisado en aquel “aseguramiento histórico”.
Es decir, al menos la mitad de la carga desapareció, sin que alguna autoridad haya determinado el destino del combustible.
De acuerdo con actas de un procedimiento administrativo que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) inició en noviembre, derivado de la verificación de una serie de pipas que transportaban el diésel procedente de Estados Unidos, se determinó que el cargamento importado por la empresa Intanza era de más de 20.9 millones de litros de huachicol.
Esto se estableció a partir de la revisión de los documentos del pedimento de importación, cuyo contenido hicieron pasar por aditivos para aceites lubricantes, para evadir el pago de impuestos correspondientes por la importación de diésel, y del análisis de una muestra del mismo.
El expediente, al que MCCI tuvo acceso
Menciona que a efecto de corroborar la correcta determinación del valor de la mercancía que transportaban las pipas revisadas, se determinó que se trataba de aceite diésel y no de aditivos, como se declaró ante aduanas.
Se procede a convertir los 17 millones 459 mil 290 kilogramos declarados en el pedimento (de importación) a litros, considerando el factor de densidad de: 0.8336 kg/L; obteniendo una totalidad de: 20 millones 944 mil 445.77 litros, se menciona en la página 37 del documento fiscal.
Con base en la reclasificación arancelaria
El SAT determinó que por cada pipa que transportaba 49 mil litros del diésel ilegal, se omitió el pago de contribuciones de 477 mil pesos (alrededor de 10 pesos por litro). Esto significa que los 20.9 millones de litros que transportaba el buque incautado en Tampico habrían representado una evasión superior a los 190 millones de pesos.
El expediente revisado por MCCI, menciona que el valor declarado en aduanas del cargamento de 20.9 millones de litros fue de 53 millones de pesos, lo que representó un precio unitario de 2.5 pesos por litro.
El SAT determinó que el precio declarado fue inferior al real, ya que el diésel se importaba en esas fechas a un mínimo de 10.9 pesos por litro, con lo que el valor real de la mercancía superaba los 218 millones de pesos, y sobre esa base, se debió determinar el pago de impuestos, incluido el IEPS.
MCCI consignó que el Gobierno federal había reportado sólo la mitad del volumen decomisado a la empresa Intanza en el operativo realizado a finales de marzo en el puerto de Tampico. Intanza promovió múltiples amparos reclamando el aseguramiento de 5 millones 460 mil galones de supuesto aditivo, lo que equivale a 20 millones de litros.
E incluso, el 5 de mayo, se difundió un informe oficial de la Marina, obtenido por MCCI, que confirmaba que las autoridades federales tenían conocimiento de que el buque Challenge Procyon ingresaría al puerto tamaulipeco con una carga de alrededor de 20 millones de litros de supuestos aditivos, el doble de lo que informaron haber asegurado.
El 28 de abril, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Francisco Javier Antonio Martínez, quien fungía como director de Administración de la ASIPONA de Tampico, estaba asociado con los dueños de Intanza, la importadora del huachicol decomisado.
Tras la publicación, Antonio Martínez fue destituido del cargo juntos con otros funcionarios portuarios y aduanales, y el 6 de septiembre se informó de su detención como parte de un operativo contra una red de tráfico ilegal de combustible en Tamaulipas en la que participaban altos funcionarios de la Marina, incluidos dos sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán.
Sin embargo, hasta la fecha las autoridades federales no se han pronunciado sobre el huachicol faltante.
AM.MX/fm
