CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer día del foro “Sistema Penal Acusatorio: ¿Hacia dónde vamos?”, impartidores de justicia, especialistas, académicos e investigadores, abordaron las deficiencias que persisten en la Constitución respecto a la competencia de policías y fiscales, los sistemas de cada entidad federativa y la asignación de recursos para fortalecer al Sistema.
En el acto convocado por las diputadas María del Pilar Ortega Martínez (PAN), Verónica Juárez Piña (PRD), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) y Lorena Villavicencio Ayala (Morena), se llamó al fortalecimiento del Sistema y evitar su regresión, mejorar las capacidades institucionales y de los operadores, evitar reformas regresivas, así como cerrar las brechas que persisten en la justicia.
Ortega Martínez mencionó que el Legislativo debe reorientar su actividad y labor para buscar ese modelo policial que México necesita para tener corporaciones certificadas y calificadas y que las mismas tengan derechos básicos para realizar su función.
Perspectivas y retos
Al iniciar el panel “Perspectivas y Retos del Sistema de Justicia Penal”, el director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, señaló que el Sistema requiere del funcionamiento coordinado y adecuado de policías, fiscalías, tribunales, sistemas penitenciarios y abogados. Subrayó que desde la Constitución no queda claro la división de funciones y la relación entre policías y fiscales.
María de los Ángeles Fromow, consultora y ex titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, indicó que falta coordinación entre todas las instancias, en especial entre las fiscalías de las entidades federativas e instituciones involucradas. Planteó reforzar el mecanismo de prisión preventiva oficiosa.
Ana María Salazar, especialista en materia de seguridad nacional, llamó a reformar el sistema de justicia penal y asignarle recursos. Planteó que todos los actores involucrados se enfoquen a ciertos tipos de delitos “y si el que más preocupa es el de corrupción, entonces que lo hagan correctamente y que sea transparente”, así como crear mecanismos especiales para enfrentar delincuentes de alto impacto.
Layda Negrete Sansores, investigadora de World Justice Project, dijo que sería lamentable que se concretara la contrarreforma al Sistema Acusatorio, que algunos avances ha tenido. Propuso determinar qué reformas fortalecen a la policía y cuáles a la fiscalía, y generar una mayor capacidad institucional para la investigación. “El crimen organizado opera desde adentro de las instituciones, por lo que se debe combatir la corrupción interna”.
Mara Gómez Pérez, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa AC, expresó que la ineficiencia del Sistema se vincula con su operación; no se requieren cambios estructurales porque los problemas están en la falta de capacidades institucionales. Planteó crear una comisión interinstitucional anticorrupción y consolidar el Sistema para enjuiciar los casos de justicia relacionados con el ejercicio delincuencial del poder y las graves violaciones a derechos humanos.
Fortalecer a las fiscalías con recursos
En el panel “Hacia el fortalecimiento de las instituciones de Procuración de Justicia”, el fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, llamó a fortalecer a las fiscalías y a la procuración de justicia, a través de un afianzamiento del modelo, profundizar temas concretos en investigación, dictaminación y litigación de casos, así como tomar en serio la operatividad de las fiscalías, la cual pasa por la asignación de recursos para desarrollar sus funciones.
Ernesto López Saure, fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio de la FGJ de la Ciudad de México, consideró que la reforma que se plantea va en el sentido de una reducción de los derechos fundamentales de los imputados, cuando lo que se debe hacer es mejorar el presupuesto y fortalecer las competencias para que las policías lleven a cabo actos oportunos que esclarezcan los hechos y se pueda sostener la acusación en un juicio oral, pues el delito no se puede perseguir a cualquier costo.
Jorge Lara Rivera, presidente del Colegio de Abogados Humanistas, explicó que en dos años de la nueva administración se han dado un conjunto de reformas que van en contrasentido del lineamiento garantista, específicamente en lo relativo a la Prisión Preventiva Oficiosa, que sólo han sido para limitar el derecho de las personas, y lamentó la poca asignación de recursos a la justicia.
La investigadora de The World Justice Project, Vianney Fernández Villagómez, afirmó que, a 12 años de la transición hacia el Sistema Penal Acusatorio, el reto es cerrar las brechas entre los operadores del sistema de justicia, debido a que en las fiscalías y procuradurías los funcionarios se preocupan más por generar carpetas de investigación y no por hacer indagatorias.
Fortalecer debilidades
En el panel “El papel de la policía en la investigación de delitos”, el Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Ricardo Paredes Calderón, puntualizó que en este momento no es viable una reforma en la materia. Lo primordial, consideró, es reforzar el trabajo de las policías de todos los niveles del gobierno. “Si tenemos buenos operadores se les dará una mejor aplicación a las leyes”.
Juan Salgado Ibarra, profesor investigador del CIDE, destacó la importancia de fortalecer y profesionalizar a las policías, porque más de la mitad de las detenciones las realizan policías locales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Inegi, en las detenciones donde preponderantemente actúan estas policías hay una mayor incidencia de tortura y en pedir “una mordida” a los detenidos para liberarlos.
La consultora independiente en materia de reforma del Sistema de Justicia Penal, Tania Luna, dijo que hay pendientes legislativos que pueden mejorar en esta materia, por lo que es necesario estudiar el modelo para ver cómo se consolida; analizar sus fases y cómo se articulan las instituciones; ver la problemática para reanalizar posibles soluciones.
Armando Álvarez Morales, especialista en seguridad pública, procuración de justicia y derechos humanos, aseguró que México no tiene policías de investigación, debido a que a los efectivos no les gusta capacitarse, adiestrase y desconocen la cadena de custodia. Dijo que para lograr un cambio se debe comenzar por respetar los derechos laborales de los policías, sus horarios y mejorar las condiciones en las que trabajan.
AM.MX/fm
