Fernando Irala
Finalmente, la bomba cayó y explotó, como se había anunciado meses atrás, y en la fecha avisada con antelación, es decir, el primer día de febrero.
Con la aplicación de aranceles del régimen trumpista a los países socios en el tratado comercial de América del Norte, el gobierno mexicano pasó de la incredulidad de hace unos días, al cálculo de la víspera: México exporta muchos bienes y todo les va a salir más caro si nos imponen ese tributo, se dijo.
El resultado fue que febrero llegó y la bomba detonó sorprendiendo a los incautos. Además, el mensaje de la Casa Blanca es lapidario y contundente; la razón de fondo, en su versión, es que se trata de una respuesta a que los carteles mexicanos son los principales introductores de estupefacientes, entre ellos el ahora muy temido fentanilo, y que las autoridades mexicanas son cómplices de las bandas criminales que, además, están en proceso de ser declaradas organizaciones terroristas.
Con ello, lo que sólo se veía como una guerra de aranceles es ahora un conflicto en que desde el norte acusan a nuestros gobernantes de asociación delictuosa.
Es una calumnia, fue la respuesta desde Palacio Nacional, al tiempo que se reclamó lo evidente: desde Estados Unidos se comercia con armas de alto poder que terminan en manos de los delincuentes en México, mientras en las calles de las ciudades norteamericanas se distribuyen drogas sin que haya un combate efectivo para impedirlo.
Lo cierto es que el primer golpe está dado, y las secuelas ya se advierten, una brusca caída del peso frente al dólar, y un inmediato repunte de la inflación que a duras penas empezaba apenas a ceder.
El estilo de Trump es conocido y él mismo lo ha explicado en sus libros: primero pega, descoloca y desconcierta a sus adversarios, y luego se sentará a negociar. Así hará con México y con Canadá, una vez que ha volcado la mesa a su favor.
En su estrategia, el presidente estadounidense ha tocado un punto muy sensible de la realidad mexicana, donde los grupos delincuenciales tiene presencia y control de grandes territorios, incluso estados completos como Sinaloa, de carreteras y caminos donde no se puede circular con seguridad de noche, y hasta grandes zonas urbanas donde impera la extorsión y el cobro del llamado “derecho de piso”.
El primer régimen de la 4T hizo además todo lo necesario para hacer crecer en unos la sospecha y en otros la seguridad de esa alianza con el narco. En el mejor de los casos, si no hubo tal colaboración, por lo menos se trató de negligencia, indiferencia, o franca incapacidad para hacer valer la ley.
Ahora, dicen los voceros del segundo piso, la estrategia ha cambiado. Es posible, pero en todo caso se ha perdido un lapso valiosísimo y se ha empoderado y envalentonado a la delincuencia.
Será difícil recuperar el tiempo perdido, mientras se tiene que negociar con un golpeador desequilibrado, y además se carga con ese lastre heredado.
Veremos cómo nos va.
