Fernando Irala
En la tragedia de Tlahuelilpan se sintetizan y simbolizan muchos de los males que ha destapado la cloaca del robo de combustibles, del huachicol.
También es muestra de los límites que el gobierno afronta en esta guerra declarada contra los delincuentes que comandan la succión de combustibles.
Por un lado se evidencia la fragilidad del sistema de ductos, su fragilidad y la impunidad con que son atacados, perforados, asaltados lo mismo por delincuentes organizados que por multitudes que le han tomado la medida a soldados y policías, a quienes incluso agreden con la cobardía de saber que no habrá respuesta, más cuando una promesa inicial del actual gobierno es que nunca habrá represión.
De paso, ha resultado destrozada la teoría del “pueblo bueno”, cuando gente de toda laya llega convocada al saqueo bajo la bandera de la carestía de las gasolinas o de la necesidad económica.
Lo que queda claro es que si se pretende abatir sustancialmente la ordeña de combustibles, el sistema de bombeo por ductos ha quedado prácticamente cancelado.
Hemos retrocedido en la materia más de medio siglo, a surtir básicamente con pipas, también susceptibles de robo y de accidentes, un sistema obsoleto, caro y lento.
Por lo pronto, el abastecimiento en la ciudad de México se ha reestablecido casi en su totalidad, pero saliendo de aquí todo es Cuautitlán. Hacia el poniente y hacia el norte municipios y estados enteros sufren de la surrealista sequía de gasolina en un país petrolero.
Entretanto, un pueblo entero llora a sus muertos. No es la primera tragedia de este tipo. Hace ocho años el Río Atoyac convertido en un torrente de gasolina salida de una perforación clandestina mal hecha, se incendió y dejó una treintena de muertos y una multitud de heridos en San Martín Texmelucan. Y como ésas, ha habido otras explosiones menos divulgadas porque tuvieron menores pérdidas de vidas humanas.
El país que por décadas soñó con despegar hacia el desarrollo, hoy no acierta a resolver elementalmente el abastecimiento de combustible.
