Fernando Irala
A casi medio siglo de la reforma que abrió las puertas a la pluralidad política, y luego de varios episodios a lo largo de décadas en que la oposición tuvo cada vez mayores garantías de libertad y respeto al voto ciudadano, una iniciativa sin consenso intenta cerrar el círculo y retroceder a las formas de la pasada centuria.
A diferencia de las anteriores reformas citadas, cuyo protocolo fue la previa negociación con todos los actores políticos, esta vez la iniciativa fue estructurada al interior de las oficinas de gobierno, y ni siquiera cuenta con el apoyo de los grupos aliados a la 4T, menos aún de los muy golpeados partidos antagónicos.
Cuando la llamada izquierda fue oposición, su lucha fue por terminar con el control gubernamental de los comicios, dar recursos a las organizaciones políticas e invertir en garantías de la validez del voto ciudadano.
Eso convirtió, es cierto, a la democracia mexicana en la más cara del mundo, y también es cierto que ello no impidió la penetración del crimen organizado, que ahora financia partidos y candidatos para luego adquirir protección y hacerse de los recursos públicos como uno más de sus ilícitos negocios.
Ahora se pretende abaratar los costos electorales y como parte de ello disminuir el número de los legisladores federales. Pero ya la oposición, e incluso algunos de los líderes de los partidos adheridos a Morena señalan que el objetivo es fortalecer el sistema que ya vivimos, y que al cambio de centuria parecía haber superado nuestro país: el régimen de un partido de Estado.
Como uno de los aspectos, no el menor, si en 1988 un secretario de Gobernación que luego terminó como funcionario de la 4T se hizo célebre porque se le cayó el sistema, cuatro décadas después la propuesta es simplemente eliminar el programa que da cuenta preliminar de los resultados de los comicios.
Resulta curioso que un movimiento que nació, creció y se hizo del poder beneficiado por el generoso reparto de dineros y posiciones del sistema electoral, ahora que está en el gobierno se percate de lo onerosa que resulta la pluralidad.
De forma paradójica, la mayoría absoluta constituida no por el voto directo sino merced a interpretaciones polémicas de los tribunales electorales, exhibe dentro de sí una evidente fragilidad para consumar el retroceso. Es que los partidos satélites, los más favorecidos por el sistema actual de reparto de dineros y posiciones políticas, perderían con la reforma propuesta una importante rebanada de su botín.
Tan complicada luce la reforma anunciada, que primero se fue aplazando a lo largo de meses, desde el pasado año, y ahora antes de enviarse, su propia promotora ha empezado a hablar de un “Plan B”, estrategia frecuente de la 4T, pero indicativa de que el retroceso anhelado no será tan sencillo de lograr pese a la aparente aplanadora legislativa, que esta vez, según todas las evidencias, luce dividida, resquebrajada, y a punto de naufragar.
