Fernando Irala
Cuarenta días después de los hallazgos hechos por el grupo de Guerreros Buscadores en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, el drama de la desaparición de miles de personas en México ha alcanzado notoriedad internacional, y en ese contexto el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se ha avocado al fenómeno en nuestro país.
El anuncio de su presidente, el señor Olivier de Frouville, en el sentido de que el Comité ha activado el procedimiento previsto en la Convención Internacional sobre el tema, debería despertar vergüenza y preocupación de las autoridades, pero lo que desató fueron reacciones de ira y negación.
En Palacio Nacional se rechazó rotundamente que en México exista la desaparición forzada, y en el Senado se llegó al extremo de exigirle a la ONU sancionar al funcionario que hizo el anuncio. Sólo faltó que le dieran al organismo internacional el ejemplo de lo que hacen los ministerios públicos en nuestro país con las denuncias de delitos: archivarlas.
Lo cierto es que, con todas las protestas y descalificaciones, incluida la de la ya muy desprestigiada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno de México tendrá que hacer lo que se le ha solicitado, rendir los informes pertinentes a la ONU.
Por varias razones, todas elementales, porque nuestra nación suscribió la Convención Internacional respectiva; porque lo que debe hacerse es aportar todos los elementos de juicio y no esconderse tras una aparente indignación, y porque los derechos humanos que se afectan con las desapariciones tienen protección universal y trascienden las fronteras nacionales.
Como el comité al que ahora se pretende descarrilar ha aclarado, estamos en el inicio de este procedimiento, y no se está prejuzgando ni adelantando conclusiones o condenas.
El articulado de la Convención Internacional define la desaparición forzada como “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
Está por definirse si aquella vieja y conocida frase de “abrazos, no balazos”, inicio y divisa del régimen pasado, evidencia autorización, apoyo o por lo menos aquiescencia, que según el diccionario de la Real Academia, se traduce como consentimiento.
En esas estábamos cuando otro Comité de las Naciones Unidas, éste sobre trabajadores migrantes, ha adelantado que este martes dará a conocer un informe en el que acusa que México “muestra escasos avances en verdad, justicia y reparación para familiares de migrantes víctimas de desapariciones y masacres”.
A ver si ahora se pide también el cese de estos otros funcionarios de la ONU. Así vamos. –
