Fernando Irala
En Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Guerrero –por citar las entidades más calientes— las ejecuciones individuales o múltiples se suceden a ritmo creciente.
Fenómeno heredado de las anteriores administraciones, el actual régimen tiene ante sí un reto que lo ha desbordado.
Los meses que corren son los más violentos del siglo, y algo habrá que hacer, una vez que se ha dicho que el gobierno no caerá en la trampa de declararle la guerra a los grupos criminales que generan la violencia y las decenas de muertos diarios, cientos cada semana, miles por mes, que se acumulan en cifras cada vez más altas.
La naciente Guardia Nacional por lo visto no acaba de conformarse, e incluso su llegada a algunos lugares ha generado precisamente más violencia, como una respuesta airada de las bandas de delincuentes que ven amenazados sus negocios.
La estrategia social anunciada tampoco termina de aplicarse en todos los rincones del territorio nacional, sobre todo los más flagelados por la criminalidad, amén de que sus efectos tardarán en notarse, eso en el caso de ser exitosa.
Así que si los números de asesinatos en los años anteriores ya eran de pesadilla, los acumulados en lo que va del año han superado el horror.
Tal vez lo que falta es que la autoridad caiga en cuenta que hacer la guerra al crimen organizado no es una decisión discrecional, sino un mandato obligado para quien representa la ley y está comprometido a qué ésta se cumpla.
Lo que luego de más de ocho meses de gobierno ha quedado claro es que los malosos no van a serenarse ni a reformarse por las buenas.
Menos aún cuando su proceder sanguinario los ha llevado a tener control de vastas zonas del país y pingües negocios cada vez más redituables.
Mientras el gobierno titubea e intenta dar lecciones de moral, los facinerosos dominan ya no sólo comunidades alejadas y caminos solitarios, sino las calles y los espacios públicos donde intentamos sobrevivir millones de mexicanos.
Se han vuelto imparables.
