Fernando Irala
Cuando estas líneas sean publicadas, este 5 de febrero, estarán ocurriendo dos cosas anunciadas por el Presidente de la República, una de forma, y la otra de fondo.
La de forma es que no asistirá a la ceremonia que conmemora cada año la promulgación de la Constitución Política que rige nuestra nación.
Su inasistencia, verdaderamente inusitada, es simbólica por lo que implica, aunque tiene una razón pedestre: como recordará el lector, hace un año la ministra Norma Piña no se levantó de su asiento al arribo del Presidente a la ceremonia, lo que fue considerado una ofensa por los morenistas.
El hecho fue la culminación del desencuentro que se inició con la elección de la ministra Piña como presidenta de la Suprema Corte, en contra de los deseos presidenciales, que pretendían ubicar en el cargo a la ministra plagiaria.
Ahora, simplemente el titular del Ejecutivo no irá, ha elegido dar rienda suelta a sus resentimientos y renunciar a una relación normal, de respeto, entre los poderes.
En cambio, ha elegido la fecha para dar a conocer el paquete de iniciativas de reformas, incluida la Constitución, con las que intenta terminar de hacer un marco jurídico a modo de la 4T.
Entre los temas mencionados está una reforma más al Poder Judicial y la elección por voto popular de jueces y magistrados, la eliminación de los organismos autónomos que en la estructura del Estado se han construido en el último medio siglo, y una reforma electoral que facilite la revocación de mandato por una minoría de la población.
En todas ellas, cuando se trate de tocar la Constitución, está por verse si logra en ambas cámaras del Congreso una mayoría absoluta de dos terceras partes de los votos. No la ha tenido en los últimos periodos de sesiones, y no está claro cómo lo conseguirá ahora.
Un tema en particular parece el más noble y popular, la reforma al sistema de pensiones para que cada trabajador que se jubile obtenga el cien por ciento del salario del que gozaba en activo. Aquí incluso el PRI ha adelantado que podría apoyarla.
Lo que tampoco se sabe es de dónde piensa financiar tan loable propósito. En reformas anteriores, el objetivo de elevar las pensiones ha requerido de complejas negociaciones entre los sectores obrero, patronal y el gobierno, y los resultados han sido más bien magros.
Una prueba elemental de la dificultad del propósito es que esa medida no existe en ningún país del mundo, incluidos los más ricos. Y algo que nos debe llevar a reflexionar es que el importe de los programas sociales actuales, una suma de más de un billón de pesos, es financiado totalmente con deuda en el presupuesto del año en curso. Es decir, no se cuenta con un solo peso que no fuera prestado para aumentar las jubilaciones.
Buenos deseos, en el mejor de los casos. A ver en que topa el desplante del 5 de febrero.
