Fernando Irala
Convertido en una de las banderas más sentidas del sexenio –precisamente porque había sido una trampa de la que no pudo salir el anterior régimen— el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en el bumerang del que no ha podido escaparse el Presidente de la República.
Lejanos han quedado los tiempos en que les hizo creer a los padres de los desaparecidos que se haría justicia, que se encontraría a los normalistas y que se castigaría a los responsables del crimen de Estado, como se calificó el episodio.
A seis años de aquellas promesas incumplidas –como casi todo lo que ofreció el hoy asediado presidente— los saldos no podrían ser más lamentables. Han salido de la cárcel la mayoría de los sicarios y policías municipales implicados en los hechos, sin que la Fiscalía federal haya impugnado la determinación judicial; sigue siendo un misterio quienes ordenaron desaparecer a los muchachos; el único detenido es el procurador federal que condujo una investigación cuestionada pero en los hechos no desmentida, en tanto las indagatorias se detuvieron cuando se intentó proceder contra mandos militares. Se cayó entonces el fiscal del caso y al final el subsecretario encargado; se hizo a un lado una vez más a los investigadores argentinos invitados, y el asunto derivó hacia un callejón sin salida.
Ahora, los normalistas de Ayotzinapa se volvieron provocadore0s, al decir del Presidente, y en la escalada de protestas le tumbaron una puerta de Palacio Nacional luego de lanzar petardos en una sede de la Fiscalía y hasta en el Senado de la República.
La violencia entre los normalistas no es nueva aunque ahora se finja sorpresa. Tampoco es casualidad que a unos días del portazo de Palacio la policía estatal en Chilpancingo descubra que los jóvenes estudiantes usan vehículos robados e intente detenerlos, con el saldo trágico que ya se conoce.
Unos años antes de la noche de Iguala, en una protesta en que los normalistas intentaron incendiar una gasolinera, el encargado del negocio lo impidió a costa de su vida, murió quemado. Por esos hechos el Senado le otorgó post mortem la Medalla Belisario Domínguez.
Hoy han vuelto a ser provocadores a los ojos de quien gobierna. Y los siete meses escasos que le quedan al régimen, son justamente los que faltan para conmemorar el décimo aniversario de los hechos de Iguala.
Alrededor de ello veremos mucho, y nada bueno.
