Fernando Irala
Un año después del desplome de la vía elevada en que transitaba una parte de la línea 12 del Metro capitalino, el dictamen encargado por el gobierno de la ciudad ha sido rechazado por la misma autoridad que lo contrató.
Ya era anómalo que el gobierno bajo sospecha fuese el que ordenase una investigación; lo aconsejable es que alguna autoridad externa, por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación o la Contraloría federal lo hiciera, para darle al menos visos de imparcialidad.
Pero no. Directamente la Jefatura de Gobierno echó mano de una empresa noruega, especializada en certificación y análisis de riesgos.
La asignación fue en su momento criticada porque la entidad mencionada se concentra en temas de energía y otros sectores conectados, y no en la construcción o el transporte.
Pero ello no obstó para que así los noruegos realizasen su indagatoria y presentasen dos avances de sus resultados; encontraron defecto en la instalación de los pernos y otras anomalías en el proceso de edificación. Y hasta ahí todo iba bien.
Sin embargo, su informe final, que ahora ha sido embargado, al parecer encontró deficiencias también en el mantenimiento, a lo que pudiera atribuirse parte de las causas del siniestro.
Y es ahí –dirían en mi tierra— donde la puerca ha torcido el rabo. El gobierno de la ciudad encontró tendencioso el informe, y acusó un conflicto de interés en quienes lo elaboraron.
Pero si algún conflicto existió en el asunto es esa situación de que quien ordena y paga el informe es el responsable de la operación de la vía derrumbada.
Para la jefa de Gobierno el dictamen que aún no conocemos le resulta inaceptable porque de ahí se derivan señalamientos sobre la manera cómo se le da, o no se la da, mantenimiento a ese vital sistema de transporte.
Recordemos simplemente que durante mucho tiempo del actual sexenio no se nombró un funcionario a cargo del mantenimiento en el metro, a grado tal que su tristemente recordada directora decía con humor involuntario que ella era titular del sistema y jefa de mantenimiento.
Ahora que la tragedia las alcanzó, no aceptan el veredicto que señala lo evidente. Y lo peor es que en la situación actual de impunidad, hasta pueden salirse con la suya.
