Fernando Irala
Nuevamente, Estados Unidos ha impuesto un veto a las importaciones de camarón de pesquería mexicana en altamar, por considerar que en la práctica de nuestras naves no se protege lo suficiente a las tortugas marinas.
Estamos ante un conflicto añejo, del cual recordamos varios episodios. En 2010, el camarón mexicano fue objeto de similar veto y por la misma razón. Luego de sucesivas inspecciones y negociaciones, el veto fue levantado en 2015. Hoy ha vuelto a aplicarse porque las normas de protección se han vuelto más estrictas y la técnica de nuestros pescadores no ha evolucionado.
A fines del siglo pasado, el embargo al atún se convirtió en un conflicto por décadas, mezclado con las restricciones puestas por México a la pesca extranjera en la franja marítima costera declarada como zona económica exclusiva.
Otro veto a la pesquería mexicana, el año pasado, tuvo que ver con la amenaza de extinción de la vaquita marina, y con la pesca ilegal de totoaba, en el Golfo de California.
El tema es complejo, pues por un lado hay aspectos medioambientales, como la preservación de especies amenazadas, los intereses de grandes empresas extranjeras que cuentan con enormes flotas, la situación de desventaja de las naves mexicanas, la pobreza de muchos pescadores mexicanos, e incluso la intervención de mafias de contrabandistas, como es el caso de la totoaba.
Lo cierto es que, como en el caso de muchos productos mexicanos, el mercado norteamericano es el principal destino de exportación, de manera que su cierre significa una grave crisis para la pesca nacional, y como siempre, los más desprotegidos son los pescadores, sean trabajadores de empresas o cooperativistas.
Pese a su relevancia la noticia se perdió entre los escándalos político – electorales de la temporada, la muerte interminable del COVID, la crisis económica en la que llevamos sumergidos todo lo que va del sexenio, y otras interminables malas noticias.
Pero ésta también debe de preocuparnos.
