Fernando Irala
Presentada de último momento y aprobada al vapor en el Senado de la República, la reforma a la Ley que rige el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), no alcanzó a completar su proceso legislativo, y se quedó atorada por falta de tiempo, sin que los diputados hayan podido dar su aval y hacerla vigente.
No le va a costar a la aplanadora morenista dar su voto mayoritario, pero se atravesaron las vacaciones decembrinas, y eso sí que no era negociable.
Ya la aprobarán cuando regresen de su largo receso, que ocupa el resto del año y el primer mes del calendario siguiente, o si la urgencia se impone en Palacio Nacional, podrán hacerlo en un periodo extraordinario en enero próximo. Veremos.
Por lo pronto, se ha despertado la alarma entre organizaciones empresariales y sindicales, por lo que esa modificación legal implicará para la operación y el destino de los recursos de los trabajadores.
Y es que el fin, anunciado desde antes del inicio del actual sexenio, parece muy loable; se proyecta consttruir un millón de viviendas para satisfacer la demanda social, muchas de éstas en la modalidad de renta con opción a futura compra, para facilitar a los jóvenes la adquisición de su primer hogar propio.
Hasta ahí todo va bien, aunque la magnitud del plan recuerda pasados episodios en esa institución, que se aplicó a financiar casas construidas sin ton si son, alejadas de los centros de trabajo, con servicios, vías de comunicación y transporte deficientes, que terminaron siendo abandonadas por los beneficiarios y son parte de las deudas incobrables por el Instituto.
Pero los focos de alerta se han encendido porque para llevar a cabo el ambicioso plan, el nuevo marco legal pretende darle al titular del Infonavit un poder insólito, por encima de los acuerdos del Consejo de Administración, y disponer del patrimonio acumulado por medio siglo en ese fondo, calculado en más de dos billones de pesos.
El Infonavit, cabe recordar, es un organismo que hasta ahora se ha regido por el principio tripartita: Gobierno, patrones y sindicatos están representados en forma equilibrada, y sus recursos son propiedad de los trabajadores.
Este equilibrio se romperá, disminuyendo el peso de la representación patronal y sindical, para hacer crecer el peso gubernamental, y en particular dar poderes inusitados a su titular.
Después de ver cómo el sexenio pasado la 4T se apropió de los recursos que en innumerables fondos y fideicomisos se habían acumulado para garantizar la suficiencia y viabilidad de las prioridades sociales, como la prevención de desastres, uno de los más notables, para en cambio financiar obras costosísimas e inservibles, lo del Infonavit suena a un simple asalto, para arrebatar el botín al grito de “ya se la saben”.
