Fernando Irala
Una amenaza más del presidente norteamericano Donald Trump ha sido cumplida: la declaración de seis cárteles de narcotraficantes de México como organizaciones terroristas.
Al igual que muchas otras, estaba anunciada desde antes de retornar a la Casa Blanca, y fue refrendada al tomar posesión. Al cumplirse un mes del actual gobierno, la medida ha sido oficializada, con el efecto de una bomba que está generando reacciones en cadena.
Llama la atención que Canadá, el otro socio comercial de la región, se haya plegado de inmediato a la estrategia de Trump y en forma prácticamente simultánea declarase también a cinco de los seis cárteles mexicanos nominados en Washington en la misma categoría, como terroristas.
Por lo pronto, el Mayo Zambada, apresado en Estados Unidos desde julio pasado, luego de ser aparentemente secuestrado en México y llevado allá, ha demandado al gobierno mexicano que gestione su repatriación, pues de otra forma, vaticinó, ocurrirá un colapso en la relación entre ambas naciones. El Mayo teme ser condenado a muerte, pena posible en aquel país, cuya aplicación se justificaría al amparo de la figura del terrorismo.
En lo que se refiere al gobierno mexicano, podemos distinguir dos niveles de reacciones. En los hechos, se ha intensificado por lo menos en regiones específicas del territorio, una batida contra el narcotráfico como no se veía desde los mejores momentos del régimen de Calderón.
En Sinaloa, que no puede pacificarse luego de cinco meses de violencia como secuela de la caída del Mayo, veinte laboratorios del narco fueron desmantelados en diversas poblaciones de la entidad, y se han decomisado cantidades históricas de metanfetaminas y otros químicos, todo ello en sólo dos días; se aprehendieron a capos de relevancia y se dice que Archibaldo Guzmán, el líder de los chapitos, escapó por nada de un operativo en su búsqueda. Sus días parecen estar contados.
En otras entidades del país también se han terminado los abrazos a los delincuentes.
Divorciado de esa secuencia, el discurso presidencial ha acudido de manera repetitiva a la defensa de la soberanía nacional y la condena al injerencismo. Incluso de Palacio Nacional se han enviado dos iniciativas de reforma constitucional al Congreso de la Unión para “blindar” la soberanía y castigar con penas más severas a quienes trafiquen con armas.
Que la declaratoria hecha en Washington no sea oportunidad para intervenir en nuestro país, es la divisa.
Lo lamentable es que tan patriótica defensa de la nación ocurra en el contexto en el que hemos vivido los recientes años, con el imperio de grupos delincuenciales que han operado libremente en vastas zonas del territorio, responsables de decenas de miles de muertes y desapariciones cada año, y con evidentes lazos y complicidades con políticos y gobernantes.
De esa alianza, y de esa acusación hecha reiteradamente por la Casa Blanca, no ha habido respuesta del gobierno mexicano.
Y quien calla otorga, dice el viejo refrán.
