Fernando Irala
Consumada la derrota anunciada de la reforma electoral presentada al Congreso de la Unión, ha comenzado la segunda parte, el llamado Plan B, de lo que parece más un espectáculo de entretenimiento y distracción que un proyecto serio para mejorar la vida de la República.
No se conoce todavía el documento oficial de la nueva propuesta, pues en el estilo ya acostumbrado, primero se ha presentado un resumen aproximado en láminas proyectadas en una pantalla.
En lo exhibido, por un lado se enfatiza en la necesidad de eliminar privilegios y disparidades de gasto en los órganos legislativos y en los gobiernos municipales; por otro, se pretende introducir la consulta popular en los temas electorales, rubro que actualmente está expresamente prohibido en la Constitución, así como flexibilizar las fechas para votar la revocación de mandato.
Si se aprobara lo planteado en este Plan B, según sus propios cálculos, habría un ahorro presupuestal de unos cuatro mil millones de pesos al año. La cifra suena apantallante, pero en la danza de los números es útil hacer alguna comparación. Por ejemplo, con los programas sociales del gobierno federal, que cuestan un billón de pesos; frente a ello, el ahorro buscado no significa ni la mitad del uno por ciento. Otro dato equiparable: la deuda pública de México rebasará este año los veinte billones de pesos; con lo que se intenta ahorrar ahora no le alcanzará al gobierno más que para pagar los intereses por un par de días.
Con la reforma electoral ya desechada las economías hubiesen sido un poco mayores, pero ni en el primer caso ni en el plan B la reducción del gasto alivia ninguna presión financiera. ¿Para qué tanto brinco?
En cuanto a la idea de introducir o modificar nuevas consultas populares, la experiencia de los recientes años nos muestra dos cosas.
La primera es que a la inmensa mayoría de la gente no le interesa participar. Incluso con acarreos comprobados, presiones y compra de votos, la concurrencia a las urnas ronda por ahí del diez por ciento, uno de cada diez ciudadanos. La segunda es que por ello mismo la figura sirve para aprobar cualquier cosa que el gobierno se proponga, porque quienes participan en esa modalidad en realidad constituyen el voto más duro de los simpatizantes del régimen. Con un mecanismo similar se eligió, por cierto, al nuevo Poder Judicial que ahora padecemos. E igualmente se dio base para la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, con el desastre ya conocido e irremediable.
Veremos el destino de la nueva aventura legislativa, ahora que el problema no es derrotar a la oposición, sino convencer a los aliados de no hacer olas en tiempos de naufragio.
