Fernando Irala
Concluyó la legislatura bajacaliforniana de mayoría panista que, acusada de un soborno multimillonario, accedió inexplicablemente a ampliar el mandato del próximo gobernador, electo por dos años, hasta un total de cinco.
El despropósito es tal que los diputados salientes no se atrevieron a consumar su singular proyecto, y prefirieron dejarlo en manos de la nueva legislatura.
Los nuevos legisladores, de distinta filiación y afines al nuevo mandatario, ya entraron en funciones, pero ante el escándalo de proporciones nacionales no se han atrevido siquiera a enviar la ley al Ejecutivo estatal para su publicación, y en cambio idearon una maniobra lateral: someter a consulta popular la ampliación del mandato del gobierno estatal.
Con ello se busca obtener el respaldo popular para lo que antes era simplemente un albazo legislativo- Pero a final de cuentas, ahora se intenta el respaldo ciudadano para la misma estratagema que, en el fondo y en la forma, violenta el principio constitucional de no reelección. Ampliar mandatos es a fin de cuentas reelegir por una vía simplificada, sin el molesto obstáculo de convocar a una nueva elección.
De hecho, la intentona se contrapone con la doctrina del Presidente de la República, que propugna porque se establezca la consulta sobre revocación de mandato, que implicaría precisamente lo contrario: concluir anticipadamente el periodo de gobierno si la mayoría de la población no está satisfecha con el desempeño del gobernante. Con ello, en Baja California se legitimaría el fenómeno contrario, prolongar un gobierno mucho más allá del periodo original para el que fue votado.
La maniobra legislativa original era ya un absurdo insostenible. Ahora se le intenta dar una vuelta para legitimar lo que se cae por su propio peso-
