Fernando Irala
El asesinato, en un edificio al sur de la ciudad de México, de una joven en busca de empleo, ha llamado la atención pública y evidenciado en toda su crudeza la maraña de factores que propician la ola de violencia que padece el país, en particular el fenómeno de los feminicidios.
El caso pudo ser uno de los miles que se acumulan a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que nadie se conmueva, ni las autoridades respondan con eficacia y prontitud como es su obligación ética y legal.
Durante 2025, cerca de seis mil mujeres fueron asesinadas en México, más de dieciséis cada día, una cada noventa minutos. Son parte de la ola de violencia criminal, ésa que con machacona insistencia se nos dice que va a la baja, que ya estamos casi como antes de que arribara al poder la 4T.
La hoy asesinada, de nombre Edith, llegó la tarde del miércoles pasado a una dirección donde la habían citado a una supuesta entrevista con fines laborales. Ya nunca salió de ahí.
Ante su desaparición, sus familiares levantaron su denuncia unas horas después, pero se encontraron con las barreras administrativas, en particular la costumbre que subsiste pese a los supuestos avances para proteger a las mujeres de la violencia, de esperar 72 horas, bajo el argumento de que las muchachas a veces se van con el novio y no hay delito que perseguir.
Los denunciantes se enfrentaron con algo más: la petición de dinero de los servidores públicos que debieron actuar con inmediatez ante una situación en que podía estar en riesgo la vida de la desaparecida.
Ante la negligencia y la corrupción, la familia comenzó investigaciones por cuenta propia, mientras optó por un recurso cotidiano en nuestras ciudades: bloquear la circulación vial para presionar a las autoridades a una respuesta rápida. La opción es siempre repudiada por los afectados, pero la situación de la justicia en nuestro país es tan atroz, que la medida se convierte en la única salida viable ante situaciones como la que han vivido los parientes y amigos de Edith.
Esta vez la presión resultó, aunque demasiado tarde. Unas horas después de iniciado el bloqueo vial y a más de 24 horas de haberse denunciado los hechos, la policía entró al inmueble donde finalmente se encontró el cadáver de la joven.
Luego de eso la fiscal capitalina y la jefa de Gobierno condenaron los hechos, prometieron justicia, y por lo pronto han separado de sus funciones al personal de la Fiscalía involucrado. Ni modo que no.
Ya hay un acusado, un vigilante del lugar donde ocurrió el feminicidio. Aunque ahora los padres del presunto feminicida alegan su inocencia, y aseveran que el detenido ha sido golpeado y amedrentado.
Veremos en qué para el caso, que por lo pronto ha servido para exhibir la negligencia, lentitud y corrupción del desprestigiado sistema de procuración de justicia, que sólo actúa ante la presión pública.
En la capital de la República y en cualquier ciudad del país, ¿usted confía en ese sistema? Yo tampoco.
