Fernando Irala
Aprobada en las cámaras legislativas contra viento y marea, la Ley de Seguridad Interior ha desatado debates y enconos en cuya intensidad se advierte la preocupación social generalizada frente a un tema irresuelto.
Desde instancias de las Naciones Unidas hasta representantes de organismos nacionales y locales de derechos humanos, han hecho pública su preocupación ante un ordenamiento que adolece lo mismo de una pésima y confusa redacción, que de aristas muy delicadas en donde sus críticos advierten peligros de militarización del país y limitaciones serias a la libertad de expresión, so pretexto de proteger la seguridad de la población.
Lo cierto es que militarizado el país ya está desde hace por lo menos una década, cuando Felipe Calderón no encontró otra forma de replegar a la delincuencia organizada e inició una campaña a la que no se le ve ni fin ni triunfo cercanos.
Desde entonces las tropas están en las calles y desde entonces hay la urgencia de darle un marco legal a su actuación, habida cuenta de que perseguir delincuentes no es la función natural de los soldados, y de que no se ha logrado en ese lapso el objetivo de volver eficaces y confiables a las policías, en particular las estatales y municipales. Pero hasta hoy no se había podido hacer avanzar una ley que normara esa situación de emergencia.
Es además evidente que de no haberse aprobado por estos días el ordenamiento, ya no habría espacio para legislarlo el resto del sexenio. Comenzadas las campañas rumbo a la próxima elección presidencial, la actuación y la atención de los partidos políticos se centrará en la contienda, y nadie querrá ni distraerse ni exponerse ante temas tan polémicos. Ocurridos los comicios, muy probablemente el régimen saliente no tendrá la fuerza y el interés para impulsar ni ésa ni otras leyes; y el gobierno entrante seguramente esperará a hacerse del poder para ocuparse del asunto, si es que estuviera en su agenda.
Por ello es que luego de esperar más de una década para legislar sobre seguridad interior, no había ya mayor margen de espera.
Innumerables impugnaciones se anuncian, por lo que ni con su aprobación ni su promulgación se cierra el expediente. Pero a reserva de corregir en su caso los dislates que se han señalado, lo que no podía ocurrir es continuar por años y décadas con el vacío jurídico con el que ahora operan las fuerzas armadas en las calles. Y tampoco se advierte posible durante un largo periodo que simplemente regresen a sus cuarteles.
O sea que no había de otra. Salvo que se pretendiera seguir con la estrategia de los avestruces, como muchos ahora pretenden.
