Fernando Irala
Mientras el gobierno mexicano insiste en que los Estados Unidos entreguen pruebas que sustenten la petición de detención con fines de extradición de una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, empezando por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusados de tener nexos con el narcotráfico, dos de ellos ya están en manos de la justicia norteamericana, y muy probablemente su testimonio dará solidez a las evidencias que en Palacio Nacional no se quieren ver.
Al envolverse en el lábaro patrio y hacer sentir que la petición norteamericana involucra la soberanía nacional, el gobierno mexicano se ha metido en un berenjenal del que le será complicado salir.
Es la primera vez en la historia bilateral que un pedimento de esta naturaleza es regateado y cuestionado.
Empleando una figura coloquial, el trámite solicitado equivale a cuando en la plaza pública, en una calle o en un mercado, al ocurrir un atraco alguien grita “agarren al ladrón”. El policía de la esquina está obligado a detener al señalado y presentarlo ante la autoridad respectiva, quien determinará si hay pruebas, culpabilidades, si se acredita o no un delito y si procede o no una sanción. Si gendarme del caso no actúa, incurre en una responsabilidad.
Los tratados de extradición sirven para agilizar y facilitar que se prenda al ladrón. En México, por ejemplo, la inexistencia de un tratado similar con Israel ha obstaculizado por años traer a Tomás Zerón, el expolicía acusado de manipular el caso de la desaparición de normalistas en Iguala.
Ahora, con su resistencia a actuar, el gobierno mexicano se salta lo dispuesto en el tratado vigente con el país vecino, que señala un camino claro: tú detienes al acusado y en un plazo cierto te envío el expediente, pruebas suficientes y petición formal de extradición. No a la inversa.
Lo cierto es que el régimen ha pasado de un extremo a otro. Las entregas de narcotraficantes hasta en tres ocasiones anteriores han hecho a un lado el tratado y las leyes de extradición en nombre de la seguridad nacional y en contra de los derechos de los involucrados. Ahora, en la lógica contraria, dado el tamaño y simbolismo de los peces, se hacen a un lado los términos del Tratado porque tenemos soberanía y dignidad, faltaba más.
La errática conducta seguida es de un estilo muy mexicano. Las leyes son muy claras pero las aplicamos a discreción.
Más congruente sería denunciar el tratado, término de connotación técnica que equivale a lo que hacíamos los niños de antes cuando jugábamos en el patio con los infantes vecinos y algo nos incomodaba: anunciar “ya no juego” y levantar nuestras canicas.
Y si no lo hacemos nosotros, también podrían hacerlo los norteamericanos, con el magnífico pretexto que les estamos dando.
Pero en realidad, lo peor es que seguramente de aquel lado están planeando acciones más serias y contundentes que el forcejeo diplomático.
No hace falta mucha imaginación. Ya han anunciado que revisarán el funcionamiento de la red de consulados mexicanos en aquel país, y que hay otros funcionarios y políticos mexicanos en su mira, además de los ya indiciados.
En el extremo, bastaría con la memoria cercana de la incursión de enero en Caracas.
