Fernando Irala
En medio de la epidemia de covid y aprovechando la disminución de la demanda de energía eléctrica que ha causado, la publicación de un “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, el fin de semana, ha generado reacciones inmediatas entre empresarios nacionales y socios comerciales de México en el mundo.
Los tiempos y las formas dan pie a la suspicacia. El documento fue insertado en el Diario Oficial el viernes por la tarde, y enseguida se produjo la renuncia del recién designado Titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, la cual se atribuye a su oposición a que el acuerdo se oficializara sin someterlo antes a consulta pública, como ordena el procedimiento respectivo.
Incluso otro organismo, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, ha manifestado su preocupación porque sus disposiciones “podrían ser contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia, generan un incremento en los precios de la electricidad y en los subsidios que el gobierno federal otorga a las tarifas eléctricas, todo lo anterior en perjuicio de los consumidores y de las empresas mexicanas”.
Detrás de su elegante nombre, el Acuerdo, detallan sus detractores, impone restricciones a la construcción de nuevas centrales de generación de energías renovables, limita los permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión.
En resumen, saca de la competencia a la iniciativa privada, obstaculiza el desarrolla de energías limpias, no contaminantes, y vuelve a fortalecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad.
Al igual que como se ha hecho con Pemex, el proyecto es retornar a los esquemas del siglo pasado, en que sólo el Estado era dueño, invertía e intervenía en el mercado.
El problema es que hay innumerables proyectos de inversión privada, nacional e internacional, que se ven perjudicados.
Por ello de inmediato se han emitido protestas por parte de los organismos internacionales, y de las embajadas de Canadá y de varios países de la Unión Europea, que se sienten afectados por el Acuerdo.
Detrás de las nuevas normas, subyace la fe en que los monopolios estatales son la única vía adecuada para el desarrollo de las industrias de la energía.
Las evidencias indican que las burocracias estatales generan procesos ineficientes, altos costos, corrupción y deterioro ambiental.
Al cancelar o debilitar la libre competencia y la inversión privada en electricidad y petróleo, México va, como en casi todos sus indicadores, en retroceso, alejándose cada vez más de su futuro.
