MÉRIDA, YUCATÁN. – Ni la alta tecnología ni el mediano armamento y el equipo con que cuenta la Policía Estatal son determinantes para frenar el avance de la delincuencia organizada, pues con Mauricio Vila Yucatán cerró el 2020 con un incremento del 57 por ciento en delitos de alto impacto, de acuerdo a la información del Sistema Nacional de Seguridad, revelada incluso en una de las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Sol Yucatán, durante 2020 Yucatán fue uno de los Estados cuyos delitos de alto impacto aumentaron en comparación con el año anterior, principalmente los homicidios y los feminicidios.
De tal manera, se demuestra la ineficacia de los millonarios programas de seguridad establecidos en Yucatán, pues sólo representó un derroche de recursos y el endeudamiento del Estado.
En un lapso de seis años, para el control del aumento del índice delictivo en el Estado ya se invirtió cuatro mil 100 millones de pesos.
Primeramente, durante la administración de Rolando Zapata Bello se desarrolló la Estrategia «Escudo Yucatán», a la cual se le otorgó un techo financiero de mil 500 millones de pesos.
Mientras, en la actual administración, en 2019, la inversión aprobada fue de dos mil 600 millones de pesos, monto destinado en la adquisición de nuevas tecnologías dentro del programa «Yucatán Seguro».
El índice delictivo en Yucatán mantenía un crecimiento anual a pesar de dichas estrategias y, debido a las restricciones establecidas ante el Covid-19, la problemática disminuyó, pero por la pandemia, no por las estrategias de seguridad.
Los crímenes considerados de alto impacto son homicidios dolosos y culposos, secuestro, extorsión y violación, así como robos con violencia, a vehículo, a casa habitación, a negocio y a transeúnte.
En su Segundo Informe de Gobierno, Vila Dosal destacó el decremento delictivo, pero en ningún momento detalló sobre la problemática que impera en Yucatán, en especial con los asesinatos, la delincuencia organizada, así como con los feminicidios, los cuales están a la orden del día, y, lo peor de todo, los homicidas formaron parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La estadística proporcionada por la Segob reveló que de enero a diciembre se registraron 153 homicidios, cifra que es 15 por ciento superior al registrado en el mismo período de 2019, cuando la suma fue de 133.
A lo largo del año, en el Estado ya se cometieron 52 homicidios dolosos, con un aumento del 57.6 por ciento, cuando la cifra fue de 33 asesinatos.
Del total de homicidios, 21 de las víctimas perdieron la vida a consecuencia de las lesiones causadas por un arma de fuego, con un aumento del 16.7 por ciento, cuando el año anterior fueron 18.
Mientras, en cuanto a los asesinatos cometidos con armas blancas hay ocho víctimas, con un aumento del 166.7 por ciento, y en 23 casos se emplearon «otros elementos», y la mayoría fue por ahorcamiento.
La estrategia se seguridad del titular del Ejecutivo tiende al fracaso, dada la desconfianza de la ciudadanía que aún prevalece y la gota que derramó el vaso ocurrió a principio de noviembre de 2020.
Actualmente, cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) están recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida por presuntamente estar involucrados en el asesinato de Salvador Osmar «N», de 31 años de edad, a quien el pasado 3 de noviembre arrestaron en un puesto de control ubicado en la carretera Chicxulub-Telchac Puerto.
Tras ejecutarse la orden de aprehensión, R. C. B., G. R. S., J. R. B. C. y S. I. R. M., fueron puestos a disposición del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, por el delito de homicidio calificado.
Mientras, en el caso de los homicidios culposos, el incremento es del uno porcentual, al pasar de 100 casos a 101.
Incluso, oficialmente fueron seis los feminicidios tipificados como tales, con un aumento del 100 por ciento, pero de acuerdo con las asociaciones civiles de defensa de las mujeres hay un subregistro, por lo que la cifra aumentaría a 20 casos.
A lo largo de 2020, en Yucatán se cometieron una extorsión, 91 violaciones simples y equiparadas, así como también el robo de 140 vehículos, 257 casas-habitación, 90 negocios y 67 transeúntes.
CON EL PAN CRECIÓ LA DELINCUENCIA
Con la llegada al poder estatal del Partido Acción Nacional, en el 2001, Alejandro José «La Vaca» Patrón Laviada, hermano del entonces titular del Ejecutivo, Patricio Patrón Laviada, se encargó de sembrar la semilla del cambio delictivo en la Entidad, al hacerse cargo de la plaza de uno de los cárteles que operaban en territorio nacional, bajo la dirección regional de su tío, Roberto Hernández Ramírez, el otrora poderoso neobanquero que fue dueño del entonces Banco Nacional de México (Banamex) y que presumía ser amigo de presidentes, gobernadores, políticos y destacados empresarios, entre otros.
Hasta en ese entonces, el Cártel de Sinaloa, que fundó Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera con uno de sus aliados, Ismael «El Mayo» Zambada García, quienes se fortalecieron con la muerte de Amado Carrillo Fuentes, (a) «El Señor de los Cielos», quien estaba al frente del Cártel de Juárez y era quien controlaba la mayor parte del tráfico de cocaína procedente de Sudamérica, que tenía como destino Estados Unidos, mantenía influencia en la Península de Yucatán junto con el Cártel del Golfo, que fundó Juan Nepomuceno Guerra y que después heredó su sobrino, Juan García Abrego, siendo éste secundado por Osiel Cárdenas Guillén, creador de los temidos Zetas.
Yucatán dejó de ser «trampolín» de la droga
Hasta antes de ese tiempo, Yucatán sólo era usado como trampolín de la droga, cuyos cargamentos pasaban por aire o tierra con destino al Centro y Norte del país, para luego ser introducidos a la Unión Americana, al tiempo que la ciudad y la Entidad servían como zona de descanso o dormitorio para las familias de los capos, sin que ninguno de los grupos de la droga alterara la plaza.
A la par, el movimiento o presencia de la droga en Yucatán fue teniendo mayor presencia con el establecimiento de las llamadas narcotienditas o picaderos, que aunque era reducido su número, quienes los apadrinaban (la policía) y regenteaban, sabían su ubicación y los que estaban al frente del negocio, era cuando Mérida empezaba a sumar mayor población, que ya rebasaba los 500 mil habitantes.
Población que aceleró su crecimiento en la década de 1990 al 2000, pasando de 556 mil 819, según el censo del INEGI, a más de 700 mil habitantes.
Sin embargo, con el movimiento de la droga que hacía «La Vaca» Patrón Laviada, Yucatán fue teniendo mayor presencia de narcóticos para su venta, distribución y consumo, estableciéndose en los municipios más importantes como Mérida, Kanasín, Umán, Progreso, Tizimín, Valladolid, Izamal, Tekax, Ticul, centros de comercialización.
Este panorama empezó a agudizarse porque en algunos casos los varones de la droga empezaron a pagar en especie a quienes movían la logística, narcótico que se fue a las calles para su venta al menudeo. Otro fenómeno que se observó es que en el trasiego que se hacía del estupefaciente, sobre todo en el mar, varios paquetes caían al agua, los cuales recalaban en las playas de la costa, sobre todo en Quintana Roo, donde pescadores y pobladores se hacían de la droga.
Aunque en algunos casos, cuando estos eran más de uno o dos paquetes (ladrillos), los narcotraficantes trataban de rastrear el alcaloide (cocaína) para su recuperación y, en muchas ocasiones, no tenían buen desenlace, sobre todo para quien lo tenían en su poder.
AM.MX/fm
