MÉRIDA.— En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, más de 300 integrantes de comunidades originarias y colectivos ambientalistas marcharon por las calles de Mérida para exigir el cese del despojo territorial, la preservación del agua y el freno inmediato a los megaproyectos inmobiliarios e industriales que amenazan a la entidad.
La movilización, que partió del Remate de Paseo de Montejo y concluyó frente al Palacio de Gobierno en la Plaza Grande, contó con la participación de consejos comunitarios de Kinchil, Santa María Chí, Sisal, Dzitnup, Molas, Ixil y Caucel Pueblo, acompañados de consignas como “¡Agua sí, saqueo no!” y “El territorio no se vende, se ama y se defiende”.
Deforestación, contaminación y amenazas a la autonomía
Durante el trayecto y la concentración final, los manifestantes denunciaron una escalada de afectaciones provocadas por la expansión urbana desmedida de Mérida, la contaminación ocasionada por granjas porcícolas y avícolas, la instalación de proyectos energéticos como el gasoducto de la empresa Engie en Gran Calzada (Umán), y la destrucción de dunas en Chuburná Puerto.
Wilberth Nahuat Puc, defensor del territorio de Santa María Chí, y Federico May, representante de Kinchil, recriminaron la complicidad de las autoridades al autorizar licencias que atentan contra la selva y el agua de la región. Asimismo, vecinos de Dzoyilá, comisaría de Kanasín, expusieron la devastación de un sitio arqueológico maya para dar paso a la construcción de una tienda de autoservicio.
Exigen derecho a la consulta e intervención del Gobierno Estatal
Las comunidades originarias y colectivos ambientalistas entregaron un pliego petitorio dirigido al gobernador Joaquín Díaz Mena, solicitando su intervención para frenar los megaproyectos en la entidad y garantizar que se respete el derecho a la consulta indígena de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Frente a la sede del Ejecutivo estatal, los voceros enfatizaron que la defensa de la tierra es también una lucha por la soberanía alimentaria y la preservación de su identidad cultural, advirtiendo que no permitirán la criminalización de las personas defensoras de los derechos colectivos.
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AM.MX/dsc
