CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión para la Igualdad de Género, que preside la senadora Martha Lucía Micher Camarena, consideró urgente legislar para fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño de la violencia feminicida.
En este sentido, en su reunión del pasado jueves, 23 de febrero, este órgano legislativo consideró positivo el proyecto que envió la Cámara de Diputados al Senado, para reformar diversos ordenamientos en la materia.
Las y los senadores coincidieron en que el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia en contra de las mujeres, y representa una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas, pues culmina con la privación de la vida de la mujer.
Pero, “a pesar de las graves implicaciones que conlleva la realización de estos actos, es un fenómeno que continúa replicándose”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, todas las mujeres son víctimas de diversos tipos de violencias a lo largo de su vida, por lo que es necesario generar los mecanismos para lograr que las personas en alguna situación de vulnerabilidad interactúen con el resto de la población de forma digna y respetable.
Además, las autoridades tienen la obligación de proteger la integridad de la población en general y de las mujeres en particular, ya que el feminicidio no sólo afecta la seguridad de las mujeres, también la credibilidad y la integridad del Estado mexicano.
En México, en 2022 se sumaron tres mil 754 muertes de mujeres, de los cuales, únicamente el 33.7 por ciento se investigaron como feminicidio y el resto por homicidio doloso, con lo que se mantuvo el preocupante promedio de 10 mujeres asesinadas al día en el país, con mínimo 200 muertes al mes.
Guanajuato fue la entidad con las cifras más altas en homicidios dolosos de mujeres, con 413; seguida por Baja California, con 276; Estado de México con 269; y Michoacán con 232, mismos que también fueron considerados como los estados más violentos durante este año.
En este contexto, la Comisión para la Igualdad de Género emitió una opinión positiva sobre las reformas que aprobaron en la colegisladora. En particular, consideró favorables las reformas propuestas sobre las razones de género y las penas contenidas en el artículo 325 del Código Penal Federal, en las que se adicionan los antecedentes o datos de violencia en el ámbito comunitario y político.
Lo anterior, porque después del ámbito familiar, el comunitario es el espacio en el que las mujeres están más propensas a ser víctimas de violencia, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 38.7 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia en este ámbito a lo largo de su vida.
Además, celebró la adición de una fracción VIII en el artículo 325, para que se considere como una razón de género cuando el sujeto activo obligó a la víctima a realizar una actividad o trabajo en forma de explotación, así como la disposición para que el sujeto activo pierda los derechos con relación a las hijas e hijos de la víctima.
Entre otros puntos, la Comisión consideró acertada la adición de las fracciones VII y VIII en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, en la que se promueve la erradicación de la revictimización pública e institucional de las víctimas de feminicidio, a través de actos de reparación del daño por medio de declaraciones y disculpas públicas que restauren la dignidad y reputación de las víctimas.
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