CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Especial del Senado de la República, para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, constató que la detención del secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, es una muestra más del abuso de poder de las autoridades estatales.
El equipo legislativo, que preside el senador Dante Delgado Rannauro y lo integran los senadores Eduardo Ramírez Aguilar, Miguel Ángel Mancera, Julen Rementería, Raúl Bolaños Cacho Cué, Beatriz Paredes Rangel y Sasil de León Villard, confirmó lo anterior al compilar evidencia que demuestra que Del Río Virgen es víctima de una injusticia.
Por lo tanto, precisó que no existe hecho, prueba o testimonio que lo vincule de forma alguna con lo que se le acusa, que es el presunto homicidio del candidato a presidente municipal de Cazones de Herrera, con lo que reafirmó que se trata de una injusticia que el juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, Francisco Reyes Contreras, le haya dictado auto de vinculación a proceso.
La Comisión Especial detalló que al momento de tomar la decisión de vincular a proceso a José Manuel del Río, el juez se limitó a dar lectura de sus argumentos, lo que realizó con notorias dificultades, por lo que se puede inferir que desconocía el contenido del documento, y en su pronunciamiento no expresa nada sustancial para el fondo del asunto, lo que confirma y demuestra que las imputaciones se basan simplemente en conjeturas, sin ningún elemento de convicción objetivo que siquiera ponga en tela de juicio su derecho a la presunción de inocencia.
En ese sentido, subrayó que el juez de control, quien expresamente reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que señale a José Manuel del Río Virgen como autor intelectual del homicidio, planteó alrededor de siete teorías para sostener dicha imputación, de las cuales ninguna fue planteada por los fiscales en la audiencia, en la petición de orden de aprehensión o en la misma imputación.
Con las evidencias compiladas, la Comisión Especial de senadores señaló que en el caso de Del Río Virgen se violentó el principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado) que expresa la obligatoriedad de probar los hechos y que, en el caso de que no haya pruebas suficientes para demostrar la presunta participación de alguien en la comisión de un delito, la decisión judicial deberá favorecer siempre al acusado.
Asimismo, sostuvo que sobre ese principio jurídico la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia P. VIII/2018 (10a.) que forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia y, como tal, goza de jerarquía constitucional derivada del artículo 20, Apartado B, fracción I, de nuestro máximo ordenamiento jurídico.
Además de seguir demostrando con evidencias que se está cometiendo injusticias contra José Manuel del Río Virgen, la Comisión Especial del Senado declara que continuará con su labor de documentar todos los casos de probable abuso de autoridad en el estado de Veracruz, en estricto apego a sus facultades constitucionales.
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