CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Derechos Humanos aprobó un dictamen para solicitar a la CNDH, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Fiscalía General de la República que, en coordinación con instancias homólogas en Guerrero, diseñen, instrumenten y ejecuten un plan integral de concientización, prevención y erradicación del matrimonio infantil.
Las y los integrantes de este órgano legislativo, que preside la senadora Kenia López Rabadán, coincidieron en la necesidad de elaborar directrices y políticas públicas relativas a la seguridad, integridad, igualdad y dignidad de niñas y mujeres, que tomen en cuenta que los usos y costumbres de las comunidades, en ningún caso, pueden resultar en violencia o discriminación contra ninguna persona, como lo es el forzarlas a contraer nupcias.
En el documento, asentaron que los matrimonios forzados, la venta o intercambio de niñas, niños, adolescentes y mujeres, no son situaciones exclusivas de una entidad federativa, sino que estos delitos y otras formas de violencia han presentado un preocupante aumento en todo México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Comisión de Derechos Humanos también avaló un dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de lenguaje incluyente y perspectiva de género.
En este dictamen, senadoras y senadores destacaron que el objetivo es promover la adecuación del marco jurídico nacional que rige nuestra convivencia diaria, para abonar a los avances de inclusión y no discriminación de las niñas y mujeres mexicanas.
Además, subrayaron que la perspectiva de género debe integrarse en el quehacer institucional para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tomando en cuenta que la inclusión determina la generación de prácticas, reglas y sanciones para consolidar la igualdad, el combate a la violencia contra este sector poblacional, así como para contrarrestar las desventajas sociales.
En la reunión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, también informó que la Junta de Coordinación Política remitió a este órgano legislativo, la documentación referente a la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de derecho en Veracruz.
La legisladora precisó que se entregaron dos carpetas, las cuales contienen 91 asuntos de posibles casos de abusos de autoridad y violaciones al Estado de derecho, en dicha entidad federativa.
En este sentido, dio a conocer que la Comisión de Derechos Humanos recibió una solicitud de información para hacer públicos cada uno de los expedientes que sustentan los presuntos casos de violación de derechos humanos, documentados por la denominada Comisión Especial.
Por tal motivo, las y los senadores acordaron que esta solicitud de información no fuera abordada por la Comisión de Derechos Humanos, sino que el Comité de Transparencia del Senado de la República sea quien aborde el asunto.
La senadora explicó que las personas tienen derecho a realizar solicitudes de información al Senado; sin embargo, comentó que hacer pública la información de dichos expedientes “pondría en riesgo a las personas que se atrevieron a denunciar”.
Por el Grupo Parlamentario de Morena, la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre dijo estar a favor de que no se publiquen los datos de las personas y de que se entreguen esos expedientes a las autoridades correspondientes, “porque la Comisión Especial a la que se hace referencia nunca existió, ya que no fue votada en el Pleno”.
Su compañera de bancada, la senadora Martha Lucía Micher Camarena consideró que la Comisión de Derechos Humanos únicamente debe dar cuenta de la solicitud de información y responder conforme a sus facultades, y los expedientes tienen que turnarse al área de transparencia.
El senador del PAN, José Alfredo Botello Montes, expresó que es necesario resguardar los datos personales de las personas, a efecto de garantizar la seguridad de quienes participan en el procedimiento.
Del PRI, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, dijo que la Comisión no tiene la facultad de decidir por cuánto tiempo se reservará la información, por lo que el Comité de Transparencia debe tomar esa decisión con base en la ley respectiva.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, indicó que la Comisión de Derechos Humanos tiene facultades para recibir expedientes e información, pero no tiene facultad para hacer una investigación o diligencia ministerial, por lo que corresponde a este órgano legislativo resguardar los documentos y que el Comité de Transparencia responda a la solicitud de información.
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