CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril (AlmomentoMX).- El Senado de la República recibió, en forma de oficio, el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, enviado por la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH).
El documento advierte que aunque existen avances para combatir este delito, como la reforma al artículo 73 constitucional y la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para emitir una Ley General, a la fecha los avances no son los esperados y los pendientes son aún muchos.
Así mismo, se advierte que existe un problema estructural dentro del diseño institucional y la operación de las distintas instancias del Estado mexicano, lo que impide los avances deseados. A esto se añade la falta de datos, que permitan determinar con certeza la dimensión del problema.
Así mismo reconoce que no existe posibilidad de determinar cuáles serían propiamente las desapariciones forzadas imputables a autoridades del Estado, y los que serían responsabilidad de particulares, la delincuencia organizada o alguna otra causa.
El informe detalla algunas condiciones que dan pauta a la existencia de una serie de debilidades en la definición jurídica de los distintos tipos de desaparición, en relación a los principales instrumentos internacionales en la materia; así como la inconsistencia de que algunas entidades no hayan tipificado aún la desaparición forzada, como un delito autónomo.
La CNDH propone elaborar un exhaustivo Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, sobre la forma en la que se califican las denuncias de desaparición, las investigaciones que se llevan a cabo y la manera en la que se reportan los casos, todo con el fin de revertir y mitigar dicho delito.
Así mismo, propone la expedición del Reglamento de la Ley Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; y la aplicación del protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, que generé una reacción inmediata de las autoridades.
La CNDH, se refirió a la necesidad de identificar desaparecidos, sancionar responsables, vigilar el derecho a la verdad, la debida atención de víctimas, así como la localización de desaparecidos y el conocimiento de su paradero.
En el oficio se menciona también, la necesaria profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar y reportar la información, así como de aquellos encargados de investigar los casos y realizar labores de búsqueda a nivel federal y local.
El oficio fue emitido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para su análisis.
AM.MX/kcc
