CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, presente y futuro del Gobierno, han desautorizado al general a cargo de Sinaloa, Francisco Jesús Leana, que el lunes dijo que la paz en Culiacán “no depende” del Ejército. La salida de tono del jefe castrense ha servido para atisbar la estrategia de seguridad de Sheinbaum.
Faltan dos semanas para el cambio de Gobierno y la situación en varias regiones del país es complicada, sobre todo en Sinaloa y su capital, Culiacán. Diferentes facciones del Cartel de Sinaloa batallan en la ciudad y sus alrededores, situación que ha dejado ya decenas de muertos y desaparecidos y ha instalado el miedo en el ambiente. Preguntado por la vuelta a la normalidad en una rueda de prensa este lunes, el general Leana, comandante de la Tercera Región Militar, se lavaba las manos y decía que el problema acabaría cuando las facciones dejaran de pelear, y que el fin de la batalla no dependía de ellos.
Las declaraciones de Leana contradicen la dinámica militar de los últimos años, en que el Ejército ha afianzado su papel en materia policial. López Obrador dejó en sus manos la seguridad del país, como hicieron sus antecesores, siempre insistiendo en que ahora los soldados no masacran ni hacen lo que hacían en sexenios anteriores, lo que no implica, a su entender, que se pongan de perfil cuando hay problemas. Para el actual Gobierno, el Ejército es la columna maestra de su estrategia de seguridad. Lo ha sido con López Obrador y lo será con Sheinbaum, como ha explicado varias veces en los últimos meses.
Morena y su aplanadora parlamentaria tratan de allanar el camino a la futura presidenta. Esta semana, el partido de Gobierno y sus aliados, dueños de una supermayoría en el Congreso, tratarán de finiquitar una de las polémicas del sexenio y votarán para que la Guardia Nacional, corporación nacida en este sexenio, se aloje definitivamente bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa. Será el símbolo final de un esfuerzo de años del Gobierno, denunciado incansablemente por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, crítica con los malos resultados en seguridad del Ejército y con los riesgos de profundizar la militarización.
En ese contexto se ha producido el involuntario intercambio entre Leana, López Obrador y Sheinbaum. Han sido tonos distintos, los del mandatario saliente y su heredera. Sin referirse al general, el mandatario ha dicho que lo que se está buscando “son dos cosas, primero proteger a la población (…) y segundo, evitar el enfrentamiento entre los grupos y que se pierdan vidas”. La presidenta electa ha ido más allá de la protección y ha señalado las “tareas de investigación” que se están llevando a cabo en Culiacán, para tratar de desarticular a los grupos enfrentados.
Sheinbaum sí se ha referido a las palabras de Leana. “El asunto, si entras en una confrontación violenta con estos grupos, ¿qué se provocaría?”, ha reflexionado la futura mandataria. “Probablemente más violencia. Por eso [la nuestra] es una estrategia distinta. Quizá no es exactamente esperar a que los grupos dejen de enfrentarse solamente, sino lo que se está haciendo hasta ahora: proteger a la población. Y evidentemente con las tareas de investigación y todo lo que hace el Estado mexicano y el Gobierno”, ha añadido.
Mucho se ha especulado estos meses con la estrategia de seguridad del futuro Gobierno, sobre la relación del próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con sus pares del Ejército y la Armada. Pero como ha contado este diario en varias piezas desde la elección, al futuro gabinete no le preocupa tanto el trato entre Harfuch y las Fuerzas Armadas, como la coordinación del aparato de seguridad con el de procuración de justicia y los equipos de investigación e inteligencia. El mismo Harfuch señalaba en julio, tras su nombramiento, que el nuevo Gobierno fortalecerá las capacidades de inteligencia e investigación del Estado.
Así, en el caso hipotético de que la violencia en Culiacán continuara en los próximos meses, por la pugna entre las facciones que lideran, por un lado, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y por otro, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, la respuesta del Estado sería parecida: presencia militar, solapada por equipos de investigación e inteligencia, capaces de identificar estructuras criminales y desarmarlas con rapidez. Eso sería al menos lo ideal. Pero después de casi 20 años de violencia desatada, lo único creíble serán los resultados.
AM.MX/fm
