Vivimos inmersos en un costoso desorden legal, administrativo y, lo peor porque propicia desconfianza, jurídico en relación a la certeza del cumplimiento de acuerdos o contratos o convenios entre particulares y con otras naciones.
Los organismos públicos autónomos han creado una autonomía de voluntades personales, que rebasa prerrogativas de otras autoridades y derechos de partidos y personas.
Adán Augusto y Ricardo Monreal advirtieron de los temas pendientes como las resoluciones de la Corte sobre la inconstitucionalidad o no del Plan B o el proceso penal abierto contra Francisco Garduño.