CANCÚN, QUINTANA ROO.- Hoy domingo 9, justo se cumplen 2 años y 10 meses del aseguramiento de mil 540 cajas de seguridad de la empresa First National Security, el 9 de octubre de 2017, y a la fecha siguen sin ser reclamadas 347 de ellas; Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, ex agente de la extinta Policía Judicial Federal, convertida en líder del Cártel de Cancún, fue pieza clave para el descubrimiento del escondrijo de ex gobernadores, políticos y funcionarios corruptos.
De acuerdo con Sol quintana Roo, con la requisa, quedó al descubierto que varias de las cajas pertenecían al ex mandatario quintanarroense Roberto Borge Angulo y a buena parte de su cúpula, entre familiares, colaboradores, amigos y funcionarios.
Recordemos que antes de que Borge concluyera su mandato, se dieron una serie de señalamientos en su contra por lo que optó por no presentarse a la toma de posesión de su sucesor, Carlos Manuel Joaquín González, el 25 de septiembre del 2016 y a partir de esa fecha se dedicó a recorrer el mundo.
En esa fecha, todavía no se conocía relación alguna entre el ex gobernante y la narco-policía con las cajas, aunqne de manera irónica las primeras en ser descubiertas fueron las de “Doña Lety” y después el mismo ex mandatario, daría la pista que llevaría a la policía hasta sus cajas de valores.
Durante nueve meses Borge se dio una vida de magnate, hasta que el 3 de junio del 2017 un juez federal del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, giró orden de aprehensión en su contra, en base a la carpeta de investigación UEIORPIAFAMQR/0000749/2016, iniciada un año antes.
Se puede considerar que sólo dos días estuvo prófugo, ya que hasta el momento de su captura, el 5 de junio de 2017, se enteró que era buscado por las autoridades.
Al mediodía de ese fatídico lunes, Borge abandonaba la Torre Trump, en Panamá, donde se hospedó 11 días en la suite 24, cuyo costo diario era de 30 mil pesos. Se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría a Paris, Francia y de ahí partiría a Madrid, España, cuando fue detenido en el aeropuerto de Tocumen y llevado al penal “El Renacer”, a orillas del Canal de Panamá.
Hasta esos momentos no había indicio alguno de la existencia de las cajas, que evidenciarían a prestanombres, políticos, narcotraficantes, funcionarios corruptos y a parientes de los mismos.
Un mes y cuatro días después, el 9 de agosto, fue detenida en Puebla la ex agente federal, Leticia Rodríguez Lara, conocida también como “La 40”, líder de las drogas no tan sólo en Cancún y Alfredo V. Bonfil, que eran sus centros de operaciones, sino en gran parte de la Riviera Maya.
Su captura se hizo en base a la carpeta de investigación 618/2017 y la incautación fue cumplimentada como resultado de la indagatoria FED/SEIDO/UEIDCS/PUE/000740/201 de la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada. Inicialmente fue llevada a una prisión de Puebla y posteriormente confinada en el Centro Femenil del estado de Morelos.
Ese fue el arranque para conocer las famosas cajas, pues la mujer aceptó en sus declaraciones poseer dos de ellas, por lo que las autoridades federales procedieron a su aseguramiento, sólo que al efectuar el cateo descubrieron muchas otras más, en las que encontraron droga, armas, alhajas, millones de dólares, euros y pesos que, obviamente, no tenían un origen lícito.
Pero aún se desconocía la vinculación de Borge Angulo con las cajas, aunque, como reza el refrán, “el pez por su boca muere” y fue el mismo ex gobernante quien dio la pauta a la SEIDO para llegar hasta la First National Segurity, en cuyas gavetas escondía listas y grabaciones de cómplices y prestanombres, entre ellos la de “Doña Lety”, jefa del Cártel de Cancún.
Borge estaba preso en el pena “El Renacer”, pero al descubrirse un intento de fuga fue cambiado a la prisión de las instalaciones de la Policía Nacional de Panamá, donde fue notificado que su extradición había sido autorizada por el gobierno panameño.
Ante esa circunstancia, el uno de octubre de 2017 Borge se reunió con sus abogados en la pequeña estancia donde estaba retenido, para ordenarles que interpusieran toda clase de recursos para no ser repatriado a México y para rescatar documentación, guardada y oculta en Quintana Roo, en las cajas de seguridad, cuyo contenido era la información de la red de 87 de sus prestanombres.
En esa breve charla, hubo un pequeño detalle que ni Borge ni sus abogados tomaron en cuenta, que todas las conversaciones y actividades, tras su intento de fuga, eran monitoreadas y grabadas, por lo que el 8 de octubre la Fiscalía de Panamá informó a la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO) del contenido de la conversación.
Con esos datos, la SEIDO solicitó y obtuvo la orden de cateo y en la madrugada del día siguiente, el lunes 9 de octubre, apoyados por la Marina y la Policía Federal, los agentes federales intervinieron la empresa de resguardo de valores.
Tras el hallazgo inicial de dos cajas a nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado de Borge Angulo, cuya beneficiaria era Mariana Zorrilla Erales, ex esposa del mandatario, decidieron asegurar todas las cajas.
Por el cúmulo de irregularidades encontradas en la empresa de resguardo de valores, que operaba discrecionalmente sin estar sujeta a ninguna ley bancaria,, se procedió al aseguramiento del total de las cajas y así comenzaron a surgir nombres de parientes, ex colaboradores, amigos, empresarios y hasta escoltas del ex mandatario, así como de “Doña Lety”.
Ante el aseguramiento del total de las cajas, hubo justificadas protestas de ahorradores honestos y se dijo que se había actuado sin orden judicial y en abierta violación a las garantías individuales y a los derechos humanos de los arrendatarios.
Varios medios locales publicaron que algunos usuarios se quejaron del robo de sus pertenencias, sin embargo no hubo un solo nombre que ratificara lo difundido y ninguno de los casos de reclamo se concretó, al tiempo que comenzó de manera paulatina la devolución de las demás cajas cuyos propietarios demostraron la licitud de su contenido.
En muchas de las gavetas se descubrieron libretas con cuentas bancarias en Aruba, Isla del Hombre y otros paraísos fiscales para el blanqueo de capitales, además de otras con documentos relacionados con las mafias cubana y rusa, con fuerte presencia en Quintana Roo.
Se descubrieron también tarjetas de crédito, diseñadas para robar en cajeros; tarjetas bancarias y de tiendas departamentales, en blanco, sin número y sin nombre, listas para clonar plásticos auténticos o para usurpar identidades; chequeras, agendas, facturas y documentos de identificación de empresarios que fueron secuestrados y títulos de propiedad.
Se habla incluso de la existencia de un video en el que aparece Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, entonces presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, recibiendo dos bolsas con billetes de manos del secretario de Finanzas del Estado, Juan Pablo Guillermo Molina, prófugo.
El acuerdo era que saliera a anunciar el triunfo de Mauricio Góngora Escalante y la derrota de Carlos Manuel Joaquín González, a la gubernatura del Estado.
El video fue grabado por órdenes de Borge Angulo y, según comentarios que él mismo ex mandatario hizo a sus abogados en Panamá, había que recuperarlo de una de las cajas de seguridad, donde estaba guardado.
Por otra parte, conforme al resultado de las indagatorias de la SEIDO, la empresa no operaba bajo la supervisión de algún banco, sino de manera directa con los usuarios, de tal manera que no había regulación por parte de alguna institución bancaria ni tampoco estaba sujeta a la Ley Bancaria y de Valores.
En ese tenor, cualquier persona, sin tener que identificarse plenamente, lo que se prestaba a la utilización de identidades falsas, podía contratar el servicio, además de que tampoco había un control respecto a qué era lo que iban a guardar.
Entre los personajes que aparecieron como dueños de algunas cajas, aparecieron lo mismo familiares, que ex colaboradores, políticos, escoltas, choferes, amigos y empresarios que, de una u otra manera, estuvieron vinculados al ex gobernador quintanarroense y a “Doña Lety”, que operó a sus anchas en los cinco años que gobernó Borge.
A Juan Pablo Guillermo Molina (también prófugo), ex secretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Borge, acusado de un desvío de mil 464 millones de pesos, se le encontraron cuatro cajas con 515 millones de pesos. Una con 17 millones de dólares, otra, 8 millones de euros, una más 7 millones en moneda nacional y la restante, con escrituras de casas, edificios y departamentos, así como títulos de propiedad de empresas del sector hotelero y turístico.
Otras cajas pertenecen a Roberto Borge Martín, padre de Borge, fugitivo desde el día de la explosión en Barcos Caribe, el 21 de febrero de 2018; a Eliézer Villanueva Lanz, Fabián Vallado Fernández y al padre de éste, Gino Vallado, así como al ex alcalde de Cancún, Paúl Carrillo de Cáceres.
En el caso de Carrillo de Cáceres, propietario de más de una veintena de cajas, atiborradas de dinero y alhajas, no se atrevió a reclamar de manera personal, sino que envió a su hermana, la nutrióloga Thaily Carrillo de Cáceres, para tratar de recuperarlas.
Esa misma situación se dio con Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, ex subsecretario de Trabajo en la Zona Norte, dueño de al menos media docena de cajas, que envió a su mamá, la señora Rosa Nelly Pineda, a protestar por la “violación a sus garantías” y a exigir le devolvieran sus “ahorritos”.
Respecto a las 347 que no han sido reclamadas y que permanecen a disposición de la ahora Fiscalía General de la República, sus dueños no han aparecido y como las investigaciones siguen en curso y los procesos de Borge Angulo y Leticia Rodríguez están empantanados por la crisis sanitaria, seguramente pasará buen tiempo para que finalmente se defina qué ocurrirá con el contenido de la multicitadas cajas.
AM.MX/fm
