CANCÚN, Q.R.- Continúa siendo incierto el futuro de 357 cajas de seguridad que no han sido reclamadas y que fueron aseguradas hace 3 años y nueve meses a la empresa de valores First National Security, en Cancún, Quintana Roo; sin embargo, se dice que las investigaciones persisten.
Asimismo, hasta el momento lo incautado y no reclamado no ha logrado pasar a manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dependencia que supuestamente en diciembre de 2021 se adjudicaría y recepcionaría los valores hallado en ellas.
De acuerdo con Sol Quintana roo, tampoco se sabe nada de los dos agentes del MPF que fueron vinculados a proceso porque presuntamente violaron las cerraduras de una bóveda sin autorización judicial y la abrieron.
Como se recordará, la empresa de valores First National Security (FNS), ubicada en Cancún, Quintana Roo, fue cateada y hasta la fecha no aparecen los dueños de 357 cajas en resguardo, en lo que parece una investigación indefinida.
De acuerdo a los plazos de las propias autoridades, el pasado mes de diciembre se debió de definir la situación de lo incautado y no reclamado y pasar a manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Aunque, los investigadores han dado a conocer que continúan las pesquisas, aunque lentas, debido a las condiciones locales, nacionales y globales que ha creado la pandemia del Covid-19.
Como se recordará, la Fiscalía General de la República (FGR) contemplaba la posibilidad de que los valores asegurados y que no han sido reclamados pasen a disposición del INDEP, antes de finalizar el pasado mes de diciembre. Y, solamente, faltaba la culminación de un proceso judicial y que el Juez de la causa determinara la procedencia ilícita de los valores para que queden primero a disposición de la FGR, y posteriormente, al INDEP.
Pese a esto, la FGR todavía contempla la posibilidad de que los cientos de millones en pesos, dólares y euros, así como en lotes de joyas y diversos objetos de valor, aún en las 357 cajas aseguradas a la compañía Firts National Security, pasen a disposición de esa institución antes denominada Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La disposición de la FGR se debe a que, desde hace 3 años y 10 que fue asegurada la mencionada empresa de valores –desde el 9 de junio de 2017– y las cajas que contienen dinero en efectivo, lotes de alhajas, drogas, armas y hasta lingotes de oro, no han podido ser reclamadas de modo justificado legalmente por sus propietarios. Estos incluso podrían ser detenidos ante la ilegalidad de sus bienes guardados en dicha compañía.
El tiempo transcurrido entre la fecha de aseguramiento, de un total de mil 546 cajas, de las cuales han sido reclamadas y devueltas mil 189, causó lo que legalmente se conoce como “en abandono”, por lo que pueden ser reclamadas por la Federación.
CRONOLOGÍA DE LA EMPRESA ASEGURADA
Como lo informara en su momento Sol Quintana Roo, la empresa fue cateada y asegurada a mediados de 2017, luego de haber sido identificada como “lavadero” de dinero y escondrijo de bienes de políticos corruptos y miembros del crimen organizado.
Así se encontraron no sólo millones en dólares, euros, pesos y joyas; sino drogas, armas, tarjetas clonadas y otros objetos de procedencia ilícita.
La entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, aseguró la empresa y un Juez Penal la vinculó a proceso, en principio por delitos contra la salud –ya que en algunas cajas se encontraron drogas– y por delincuencia organizada; lo mismo que por operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero–.
Luego de las indagatorias correspondientes, el Juez de Distrito, Álan Guareña Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, conforme a la Causa penal 0839/2018, resolvió deslindarla de varios cargos. Pero sí quedó vinculada a proceso por los delitos de omisión y encubrimiento, dado que el administrador no informó oportunamente a las autoridades de los manejos ilegales que se llevaban a cabo en cuanto al resguardo de valores, como estaba obligado a hacerlo.
De esa manera, la compañía de seguridad permaneció sin operar desde la fecha referida y únicamente dos de los que rentaban esas cajas de seguridad están presos: Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo y Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, jefa del Cártel de Cancún, ambos presos en diferentes cárceles del país.
El primero fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017 y la segunda dos meses después en Puebla, el 9 de agosto, cuando trataba de visitar a su hijo –preso en ese mismo estado, también por delitos contra la salud–.
Respecto a las cajas que no han sido reclamadas, ni siquiera han podido ser identificados los propietarios, ya que en el transcurso de las investigaciones se descubrió que utilizaron prestanombres o bien identidades falsas.
NIDAL FINANCIERO DE NARCOS Y POLÍTICOS CORRUPTOS
El 4 de junio de 2017, tras una serie de denuncias, Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo fue capturado en Panamá. Con su detención se abrieron varias líneas de investigación que revelaron sus vínculos con personajes del mundo de las drogas.
Ello originó que el 9 de agosto de ese mismo año la policía detuviera, en Puebla, a Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety” o “La 40”, ex agente de la Policía Judicial Federal convertida en jefa del Cártel de Cancún, de acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIDCS-PUE/000740/2017.
La orden de cateo la otorgó un Juez Federal como resultado de las declaraciones ministeriales de la mujer, al confesar que guardaba parte del producto de sus ilícitas actividades en dos cajas de la empresa First National Security en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
El operativo comenzó el 9 de junio del 2017 en forma general y al comprobarse que, efectivamente, Rodríguez Lara tenía dos cajas de seguridad en las que encontraron droga, armas, alhajas, millones de pesos, dólares y euros; así como documentación comprometedora, procedieron a su aseguramiento.
Tras revisar detalladamente su contenido, 12 días después se llevó a cabo un segundo cateo y se aseguraron dos cajas más, a nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado de Borge Angulo. La única persona que aparecía como beneficiaria era Mariana Zorrilla Erales, ex presidenta del DIF y ex esposa del ex gobernante.
Pero aún no se tenía evidencia plena de la relación directa de Borge Angulo con las cajas de seguridad, aunque de manera irónica sería el mismo ex gobernador el que daría la pauta a las autoridades para conducirlas hasta la First National Security, donde se evidenciaría su vinculación con las mismas.
AM.MX/fm
