CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre.- (AlmomentoMX).- Al proponer reformar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para homologar y adicionar el derecho de infraestructura para personas con discapacidad, el senador Félix Salgado Macedonio indicó que se debe apoyar a las personas que andan en sillas de rueda y que no puedan transitar por banquetas, calles, o utilizar un medio de transporte digno.
La intención, dijo, es protegerlas y que tengan acceso en igualdad de condiciones con las demás personas en el entorno físico. Debemos terminar con la discriminación, acotó.
Cabe mencionar que la Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación correspondiente a sus haciendas públicas en los ingresos federales.
El senador morenista plateó la necesidad de que autoridades municipales compren e instalen transporte especial para que, quienes tienen alguna discapacidad se trasladen sin ningún contratiempo o dificultad. “Deben hacer infraestructura de manera transversal para apoyarlos”, dijo el legislador morenista.
Aseveró que esta reforma no impactará al erario. Que se contemple en el desarrollo de las obras del ramo 33, sin que constituya un delito para las autoridades que lo ejercen.
Pero, además, agregó, debemos recordar que hay tratados universales que respaldan este derecho de quienes tienen una discapacidad.
El texto establece que en México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y/o conductuales.
Los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría, una doble discriminación por género, condición socioeconómica, su raza y etnia pueden acentuar esta situación.
La promoción y protección de los derechos humanos de personas con discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad, deberá realizarse mediante una serie de acciones transversales para que se respeten sus derechos.
La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda.
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