Francisco Rodríguez
Desde Washington, el imperio tuvo que dar un manotazo sobre la mesa para que los legisladores de MORENA, el partido en el gobierno, respondieran en la Cámara de Diputados que avanzaban a paso rápido para elaborar y aprobar la Reforma Laboral, que en los hechos tiene un 80 por ciento de avance y es criatura del abogado Arturo Alcalde Justiniani, el verdadero mandamás en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuya hija, Luisa María Alcalde Luján funge –¿o finge?– como titular.
Y es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió en una entrevista que México debería aprobar una reforma laboral antes de que el Congreso de Estados Unidos dé su visto bueno al acuerdo comercial recientemente negociado entre ambos países y Canadá, conocido aquí como T-MEC.
En México, al parecer el abogado Arturo Alcalde Justiniani tiene todo el manejo de los asuntos obrero – patronales del país, tema que ya está visto no es prioritario en la llamada Cuarta Transformación, al haber sido encomendados al denominado súper secretario del Trabajo, quien además de ser un muy poderoso abogado de varios de los más importantes sindicatos a nivel nacional, es también esposo de la licenciada Bertha Lujan, quien fuera secretaria general de MORENA y en la actualidad preside el Consejo Nacional de ese que es el partido político del Presidente de la República.
Así las cosas, todo parece indicar que el súper secretario del Trabajo, Arturo Alcalde, ratificará a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México Margarita Darlene Rojas Olvera, quien arribó a este importante cargo por decisión del anterior Jefe de Gobierno de la CDMX y actual senador y jefe del grupo parlamentario del PRD por la vía plurinominal panista, Miguel Ángel Mancera.
El cambio de titular en la JLCA debió realizarse en marzo pasado, cuando concluía su periodo la actual titular, pero eso no ha ocurrido, quizá por eso la asustaron con una amenaza de bomba, “y a correr todos”, por si las dudas.
Amenaza de bomba ¿por descontentos?
Empero, hay inconformidad contra la citada funcionaria, quien ha perjudicado a más trabajadores que ningún otro titular de ese tribunal, lo cual ya es mucho decir, lo que orilló quizá a alguna persona lastimada en sus derechos laborales a llamar de manera anónima a la Junta y asegurar que en tales instalaciones había una bomba explosiva oculta. El hecho ocurrió el jueves 4 de abril, por lo que funcionarios, empleados, abogados, trabajadores y todo aquel que se encontraba en ese momento en el lugar fue desalojado. El acceso se permitió dos horas después, luego de verificar que se trataba de una falsa alarma.
Entre abogados que acuden regularmente a la JLCACDMX y personal de la misma aseguran que el único mérito de Margarita Darlene Rojas Olvera es ser la pareja sentimental del muy desprestigiado –al ser señalado como corrupto– ex delegado de Iztapa!apa, Jesús Valencia, mismo que ha tomado esa Junta como botín y colocado en importantes cargos a muchos ex funcionarios de aquella que fuera su delegación, a pesar de su total desconocimiento del derecho laboral, para lo cual han venido despidiendo de forma arbitraria y prepotente a muchos eficientes funcionarios.
En la otra pinza de la justicia laboral que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Alcalde Justiniani impuso como presidenta a María Eugenia Navarrete Rodríguez, a quien hizo regresar de la jubilación porque siempre resolvió a favor del súper abogado y que había trabajado en ese tribunal servilmente al servicio de los secretarios de Trabajo más nefastos y anti obreros, como lo fueron el ingeniero Francisco Salazar (aquel de Pasta de Conchos), de Carlos Abascal, de Javier Lozano y de Alfonso Navarrete Prida.
Aparte de todo el daño que causará el gobierno de la 4T en materia laboral por la exigencia de Washington para que apruebe una reforma lesiva a los trabajadores y al presupuesto público –por lo que implicará crear juzgados cívicos, cuadruplicar las instalaciones dónde laborarán, aumento de la plantilla e incrementar los sueldos hasta igualarlos a los del Poder Judicial Federal, entre otros aspectos relevantes– es un hecho la facilidad con que los trabajadores, sobre todo de la administración pública federal y de organismos descentralizados y desconcentrados, obtienen el registro de nuevos sindicatos, facilidad que también puede interpretarse como la vía para minar el tradicional corporativismo sindical y la “jubilación” de sus respectivos dirigentes.
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