CHETUMAL, Q.R.- A dos años de sangrar las arcas de la Federación, el Congreso de Quintana Roo sigue sin aclarar más de 12.8 millones de pesos de la Cuenta Pública 2019, según la Auditoría Superior de la Federación.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, según el máximo órgano fiscalizador del país, el actual Congreso que tomó protesta en septiembre de 2019; de ese mes a diciembre del mismo año contrataron a 186 personas de las que no pudieron aclarar los puestos que ocupan o sus funciones dentro de la actual Legislatura, lo que afectó el presupuesto.
Hace dos años, con tan solo 25 congresistas, la XVI Legislatura inició funciones con 530 empleados. Ya eran demasiados. Aun así, en cuestión de tres meses, Erick Gustavo Miranda García, líder del Congreso de Quintana Roo permitió que se sumaran 186 nuevas plazas a la plantilla laboral. La cual presumiblemente, se traten de aviadores del partido en el poder, los cuales se desempeñan en realidad como mapaches y operadores políticos.
A través de la Dirección de Finanzas de la Legislatura del Estado de Quintana Roo y en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se llevó a cabo la Auditoría de Cumplimiento: 2019-G-23000-19-1110-2020, 1110-GB-GF, en la que se encontró que la congruencia de la información financiera con la cuenta pública 2019, presentó 12.8 millones de pesos no aclarados de un balance presupuestario de 466.8 millones de pesos ejercidos hasta el 31 de diciembre de 2019.
Se comprobó que la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2019, Anexo 11, del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo fue por 290 millones 842 mil 100 pesos, sin embargo éste presentó un importe pagado de 303 millones 682 mil 500 pesos, lo que reflejó un excedente de 12 millones 840 mil 400 pesos respecto del monto aprobado de asignación global de recursos para servicios personales.
En respuesta, la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, al mando de Erick Gustavo Miranda García, remitió una nota mencionando la creación de 186 nuevas plazas con motivo de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; sin embargo, no presentó la autorización por parte de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se desestimó la aclaración.
El poder Legislativo actual, si bien no sumó más deudas durante el ejercicio fiscal 2019 a los 19 mil 21 millones 376 mil 700 pesos que mantiene el estado; no supo comprobar ni una de las 186 plazas supuestamente creadas, que fueron descubiertas en auditoría, y que determinan 12 millones 840 mil 477.76 pesos pendientes por aclarar; por lo que la Legislatura de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En resumen, se determinaron 16 resultados, entre los cuales solo una generó una solicitud de aclaración, la referente a los casi 13 millones de pesos no aclarados, por lo que la entidad fiscalizadora remitió el oficio número SG/SSA/0453/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020.
Los incumplimientos encontrados obedecen a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en sus artículos 1, 2, fracción IX, 10, fracción I y 13, fracción V, párrafo primero. Así como en los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera.
Cabe mencionar que pese a tratarse de una Legislatura pequeña con apenas 25 diputados, 15 electos por mayoría relativa y 10 por representación proporcional; la de Quintana Roo es una de las que más trabajadores de base ostenta.
Además de los “186 ilocalizables”, entre trabajadores sindicalizados, de confianza y eventuales, son un total de 530 personas distribuidas en 4 edificios: el palacio Legislativo situado en Boulevard Bahía, el Edificio de Biblioteca, el Edificio de Vinculación, el Edificio de la calle Independencia y el Edificio de la Avenida Centenario.
El personal se distribuye entre la Oficialía Mayor; el Instituto de Investigaciones Legislativas; la Dirección de Apoyo Jurídico; Dirección de Control del Proceso Legislativo; Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad; Dirección de Comunicación Social y Crónica Legislativa; Dirección de Informática Legislativa; Dirección de Archivo General y Biblioteca; y la Unidad de Vinculación.
Los salarios para los niveles de base, van desde los 9 mil 960 pesos hasta los 23 mil 369; para los trabajadores de confianza, estos alcanzan el orden de 16 mil 333.29 pesos por un jefe de unidad, hasta los 99 mil 354.1 pesos que cobra cada uno de los 25 legisladores durante el primer y tercer trimestre del año, y 111 mil 121.78 pesos durante el segundo y cuarto trimestre.
Los salarios están considerados entre salario neto y compensación, más la dieta en el caso de los diputados.
Sin duda, dentro de las 186 personas que cobran sin trabajar y que fueron detectadas a través de la auditoría, hay ex diputados locales, gente que ha pertenecido a la clase política y hasta hijos de políticos; que cabe mencionar, son solapados por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, y por el presidente de la XVI Legislatura, Erick Gustavo Miranda García. Sobra decir que cada uno de ellos eroga al mes, salarios de los denominados de confianza.
No cabe duda, el nuestro, es un Congreso oneroso. Ganan mucho, trabajan poco. En 18 meses de trabajo, unos 540 días, solo han tenido 151 sesiones, en las que han presentado 459 iniciativas, han hecho 121 decretos y declaratorias, y solo han llegado a 211 acuerdos.
Cada representante del pueblo de Quintana Roo, por solo levantar el dedo, gana unos 3 mil 500 pesos diarios. Esa misma cantidad la gana la mayoría de trabajadores de este país, pero en una quincena por jornadas laborales de sol a sol. Y encima, plantan a 186 pseudo trabajadores más con cargo al erario público.
Ante la presencia de aviadores en el mismo Congreso del Estado, Erick Gustavo Miranda García, debería solicitar la apertura de una investigación interna, pues no existen condiciones para acusar a la anterior Legislatura, siendo que las supuestas 186 plazas nuevas, se aperturaron durante el periodo 2019-2022.
En octubre de 2020, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), había anunciado la limpieza de aviadores del congreso estatal, sin embargo, no lo hizo. Lo que sí hizo, fue sumarse a la “Mafia Agraria” que asola a Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
Por este motivo, la presidente de la organización civil: “Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortés Miranda, le amenazó en abril pasado, que renuncie o se le iniciará un procedimiento de juicio político “por estar involucrado en una célula delictiva dedicada al despojo de millonarios inmuebles a través de juicios laborales falsos”.
Además de Miranda García, se debe señalar a los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta: María Fernanda Trejo Quijano; Julio Efrén Montenegro Aguilar; Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; Carlos Rafael Hernández Blanco; y el presidente de la misma, José de la Peña Ruíz de Chávez; como responsables directos del buen o mal manejo de las cuentas dentro del Congreso.
Es indiscutible, la austeridad sigue sin llegar al Congreso del Estado. Ellos mismos planean y ejercen su presupuesto sin criterios de transparencia o eficiencia.
Congresos bajo la lupa ciudadana
Ante este común denominador en los congresos mexicanos, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), el cual es un centro de investigación apartidista, que pugna por políticas públicas sanas; ha propuesto que el ejercicio del gasto de los congresos, se haga con parámetros claros de actuación, apegados a la legalidad, austeridad y transparencia.
Y es que el órgano ciudadano, señala que los congresos estatales cuestan mucho y siempre gastan más de lo planeado al invadir funciones que no les corresponden. No solo planean mal el manejo de sus presupuestos –destaca un informe de su Centro de investigación en política pública-, sino que ignoran las necesidades de la población.
Entre los congresos más costosos del país -por población estatal-, están colocados la Ciudad de México en primer lugar, seguido por Michoacán, y el de Quintana Roo en tercer lugar nacional.
Cabe mencionar que es ilegal que los diputados otorguen ayudas sociales. No es función del poder legislativo de los Estados dar despensas, juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas y tampoco construir obra pública; osea, no han de gastar en lo que no deben. Pero es bien sabido que en pos de una “buena imagen”, la del candidato en turno, lo hacen.
El fantasma de los aviadores no es algo nuevo, pero es algo que no debería de seguirse dando con el gobierno de la “4T”, pero sucede, y sucede con tanta frecuencia y en todos los ámbitos de gobierno, que uno llega a pensar si realmente hay cambios con mudar de partido en el poder, que beneficien al pueblo, y no solo a los bolsillos de la clase gobernante tan acostumbrada a erogar salarios millonarios por un trabajo cada vez más cuestionado.
Datos
En 2019, los congresos locales presupuestaron 14 mil 57 millones de pesos
*Cifra dos veces mayor al presupuesto del programa federal de pensión para personas con discapacidad en 2019
En 2018, 23 congresos locales gastaron 1,233 millones de pesos más
*Durante ese año, el congreso de Oaxaca rebasó su presupuesto un 133% más
En 2018, 24 congresos locales gastaron 1,783 millones de pesos en ayudas sociales
*Los diputados no deben dar despensas o juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas y tampoco construir obra pública.
Fuente: IMCO con datos de presupuestos de egresos estatales 2018 y 2019.
AM.MX/fm
