CIUDAD DE MÈXICO.- La Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó un proyecto para establecer que son derechos de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, recibir un trato digno y respetuoso de sus superiores jerárquicos, iguales o subalternos y el respeto de la comunidad a la que sirven.
El dictamen, que modifica diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que también es un derecho de estos elementos asistir y participar en los cursos de capacitación, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas nacionales, conforme a la disponibilidad presupuestal y las necesidades del servicio.
Además, establece el documento, que tienen derecho a percibir un salario, de acuerdo con las funciones que desempeñan, que determine el presupuesto de egresos correspondiente, así como las demás prestaciones de carácter laboral y económico que se destinen a su favor.
De Igual forma, establece que es un derecho de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, gozar de prestaciones y servicios en materia de seguridad social, así como recibir el uniforme y demás equipo de cargo reglamentario, sin costo alguno y en los términos que se establezcan en las normas respectivas.
Y ser sujeto de promociones, ascensos o reconocimientos, cuando su conducta y desempeño sea meritorio, de acuerdo con las normas aplicables y la disponibilidad presupuestal.
Así como recibir atención médica oportuna sin costo alguno, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber. En caso de extrema urgencia o gravedad, los elementos deben ser atendidos en la institución de salud pública o privada más cercana al lugar donde se produjeron los hechos.
El dictamen también precisa que deberán recibir asesoría, orientación y en su caso defensa jurídica, de las instituciones a las que pertenezcan, cuando al actuar con apego a las disposiciones legales con motivo de un servicio, existan acusaciones o denuncias en su contra.
Además, se aprobó que el Consejo Nacional tenga la atribución de promover la implementación de políticas en materia de derechos humanos y laborales para los integrantes de las instituciones policiales, conforme a lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, el documento establece que los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva y que deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales, dentro de su jornada laboral.
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