Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado su estrategia de seguridad y ordenamiento en el sector turístico mediante la segunda semana de operativos de inspección en alojamientos. Estas acciones, impulsadas por la administración de Clara Brugada Molina, buscan garantizar que los establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje operen bajo la normatividad vigente y en condiciones dignas. La intervención interinstitucional no solo detectó irregularidades administrativas, sino que también priorizó el bienestar de los usuarios y el respeto a sus derechos fundamentales frente a omisiones de los propietarios.
Operativos de verificación en cuatro alcaldías para garantizar servicios de hospedaje
Durante los días 19 y 20 de marzo, las autoridades capitalinas desplegaron brigadas de inspección en puntos estratégicos de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. El objetivo central fue constatar que los inmuebles cuenten con la documentación legal necesaria y los permisos de operación requeridos para recibir huéspedes. En este esfuerzo participaron la Secretaría de Gobierno (SECGOB), el INVEA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la SGIRPC, trabajando de forma coordinada para mitigar riesgos en zonas de alta afluencia.
Como resultado directo de estas inspecciones, se ejecutaron tres suspensiones de actividades y se realizaron cuatro reposiciones de sellos. La autoridad informó que, debido a que algunos establecimientos continuaron operando de manera ilícita a pesar de sanciones previas, se procedió a la detención de cuatro personas por el quebrantamiento de sellos de suspensión. Estas medidas buscan erradicar prácticas irregulares que comprometen la integridad de los visitantes y el orden administrativo en las demarcaciones con mayor demanda de alojamiento en la capital.
Protección a personas vulnerables y respeto a los derechos de usuarios
Un aspecto relevante de las jornadas fue la detección de abusos informativos, pues en varios sitios los responsables omitieron notificar a los huéspedes sobre la situación legal del inmueble. Esta falta de transparencia permitió que se siguieran realizando cobros por servicios suspendidos, generando inconformidad entre los usuarios afectados. Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes que coloquen en el centro la protección de la ciudadanía y la legalidad del servicio.
En un caso particular, las autoridades demostraron flexibilidad humanitaria al identificar a personas que requerían el uso de oxígeno medicinal dentro de un establecimiento sancionado. Para salvaguardar su salud, se realizó la reposición de sellos sin bloquear los accesos y se otorgó un plazo de 48 horas para un desalojo seguro y digno. Con estas acciones, la administración capitalina asegura que el cumplimiento de la ley no ignore las condiciones médicas críticas, garantizando que el alojamiento sea, ante todo, un espacio de bienestar y seguridad jurídica.
AM.MX/CV
