Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México ha manifestado un apoyo contundente a la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras la publicación del reporte emitido por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. La administración local coincide en que el documento presenta fallas metodológicas al no integrar la evidencia reciente proporcionada por el Estado mexicano, lo que genera una visión parcial de la situación actual del país en materia de derechos humanos y seguridad.
El informe de la ONU omite los avances logrados desde 2019
La administración capitalina señala que el documento internacional se concentra en sucesos ocurridos entre 2009 y 2017, un periodo marcado por estrategias de seguridad distintas a las actuales. Al extrapolar estos datos a la realidad presente, la ONU “no reconoce la enorme transformación de la política de seguridad y atención a personas desaparecidas desde 2019”, ignorando los cambios estructurales implementados. Esta omisión de las pruebas entregadas por las autoridades actuales resta rigor a las conclusiones presentadas por el comité evaluador.
Para el Gobierno de la Ciudad, el reporte falla al no establecer una distinción clara entre los delitos cometidos por particulares o grupos criminales y aquellos donde existe participación del Estado. Se enfatiza que, bajo la administración vigente, “el Gobierno Federal no reprime ni desaparece”, marcando una distancia ética y operativa respecto a administraciones pasadas. Al no valorar las medidas recientes para erradicar este fenómeno, los resultados finales del informe internacional resultan, a juicio de las autoridades, cuestionables.
El contraste histórico entre el antiguo régimen y las políticas actuales
Históricamente, el país atravesó etapas donde la represión contra la sociedad civil era una práctica institucionalizada, derivando en miles de casos documentados de desaparición forzada. El informe de la ONU admite que existe una relación directa entre el incremento de estos delitos y la “guerra contra el narcotráfico” iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, la postura oficial subraya que en 2018 se dio un giro democrático para terminar con un modelo basado en la violación sistemática de los derechos humanos.
Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, se sentaron las bases de una nueva infraestructura de localización mediante la creación de comisiones de búsqueda estatales y el Centro Nacional de Identificación Humana. Este esfuerzo incluyó un aumento presupuesto histórico y la implementación de protocolos homologados que permitieron, por primera vez, transparentar la información sobre personas no localizadas. Estas acciones representan el cimiento de la estrategia que hoy se busca fortalecer a nivel federal y local.
Innovaciones legales y tecnológicas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum
La actual administración federal ha dado pasos significativos mediante reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, con el fin de modernizar el rastreo de personas. Entre las herramientas más destacadas se encuentran la Plataforma Única de Identidad y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización, diseñadas para optimizar la respuesta institucional. Estas iniciativas se complementan con el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
A nivel local, el Gobierno de la Ciudad de México ha establecido un gabinete permanente para atender esta problemática de manera prioritaria y directa. Se destaca la creación del Centro de Atención Integral, donde las familias reciben acompañamiento inmediato por parte de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda en un mismo espacio. Con el presupuesto duplicado para estas tareas y la apertura del Centro de Resguardo Temporal, se busca garantizar una entrega digna y expedita de las personas identificadas a sus familiares.
El rechazo al uso político y la solidaridad con las víctimas
Las autoridades capitalinas fueron enfáticas al rechazar cualquier narrativa que sugiera una colusión entre el Gobierno y el crimen organizado, calificándolas como “infundadas y por servir a intereses injerencistas”. Se argumenta que utilizar este informe para cuestionar la soberanía nacional o con fines electorales vulnera el derecho internacional. Además, se hizo un llamado enérgico para evitar el uso político del sufrimiento de los familiares, subrayando que el dolor de las familias no debe ser un arma de ataque.
Finalmente, el Gobierno local expresó su total solidaridad con quienes buscan a sus seres queridos, reconociendo que esta es una “herida abierta y un dolor compartido” que afecta a toda la sociedad. El compromiso institucional se mantiene firme en la construcción de políticas públicas más humanas y eficaces. Se reafirma la voluntad de caminar junto a las víctimas y trabajar de la mano con la sociedad civil para perfeccionar los mecanismos de justicia y localización en todo el territorio mexicano.
AM.MX/CV
