CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que asegure el abasto de alimentos a los beneficiarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ante el posible mal uso de los recursos del organismo público descentralizado.
En el documento, que se turnó a la Tercera Comisión de la Permanente, la senadora también propuso invitar a reunión de trabajo al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana para que informe a la Comisión Permanente sobre el estatus actual de ese organismo público descentralizado.
La legisladora del PRI enlistó un punto de acuerdo en la Gaceta de la Comisión Permanente, del 13 de junio, en el que señaló que reportes periodísticos señalan que desde 2019, Segalmex no hacía licitaciones para la entrega de contratos millonarios, sino que los adjudicaba directamente.
Esta situación, precisó, se dio entre marzo y agosto de 2019, con al menos 17 contratos por 689 millones de pesos.
Agregó que, en ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación, señaló una irregularidad en las prácticas de adquisición de productos, pues se utilizaba el concepto denominado “recepción jurídica” en las compras realizadas por el organismo, en las que se pagaba a los proveedores la totalidad de los contratos, pero las empresas conservaban esos productos hasta que Segalmex los solicitara, manifestó.
Massieu Salinas aseguró que este modus operandi sucedió a lo largo de los primeros tres años de Segalmex, pues datos de la Gerencia de Abasto Social, con fecha de 18 de febrero de 2022, indicaron que hay varios proveedores que no surtieron, entre 2019 y 2020, millones de pesos por contratos de productos; en estos casos, se entregó menos de la mitad o sólo un tercio de lo que correspondía.
La senadora añadió que en cinco convenios para adquirir 73.4 millones de pesos en carne deshebrada de res, pollo y cerdo, sólo se recibió el equivalente a 60.3 millones de pesos en productos, mientras que el resto, 13.1 millones de pesos, no se entregaron.
Claudia Ruiz Massieu expresó que al igual que Segalmex, Liconsa y Diconsa han presentado irregularidades, pues la ASF determinó que Diconsa tiene pendiente por aclarar mil 462 millones de pesos, así como la existencia en bodegas de mercancías caducas por 56.6 millones de pesos, sin realizar gestiones para darlas de baja, proceder a su devolución, cambio, venta, recuperación, registro y/o acción legal.
Comentó que la Fiscalía General de la República recibió, al menos, 22 denuncias contra las tres entidades descentralizadas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por las que se han hecho dos auditorías a Segalmex, cuatro a Diconsa y tres a Liconsa.
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