Por José Antonio Chávez
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal está contra la pared por la inseguridad que se vive en su entidad fronteriza.
Desde su llegada comprometió la paz a los tamaulipecos, pero ha sido en vano, toda vez que su gobierno ha sido, prácticamente superado por la ola delictiva que incluso involucra a elementos de la seguridad pública. Un gobierno totalmente incapaz de combatir la inseguridad.
El asesinato, la semana pasada del presidente de la Federación de Cámara de Comercio (FECANACO), Julio César Almanza es el ejemplo más claro de un gobierno incapaz.
El empresario, su pecado fue un día antes, el pasado lunes denunciar que la cadena de OXXO cerraría más de 193 tiendas y siete gasolineras por la extorsión de cobro de piso que ponía en peligro a sus empleados, sobre todo en Nuevo Laredo. Al siguiente día lo callaron con balas.
Si bien es cierto que Tamaulipas ha sido, no solo en este sexenio, sino en larga historia atrás como una entidad con el mayor grado de inseguridad a nivel nacional, Américo Villarreal consideró que a su llegada podrí remediar con sus estrategias para regresar la seguridad.
El problema que ahora está en la antesala, es que se ha alterado al empresariado que apostó por este gobierno que ha sido, sin duda fallido.
No hay inversiones en puerta y hay riesgo de más cierre de comercios, pues a la fecha hay un registro en la Canaco de por lo menos unos 100 establecimientos que han cerrado en este gobierno.
La semana pasada le comenté que la inseguridad se ha recrudecido en todo el territorio, simplemente en Cancún, la Cámara de Comercio difundió que unos 500 negocios, grandes y chicos, restaurantes y más han cerrado sus puertas por la inseguridad y extorsión que azota en ese destino turístico.
En el sexenio pasado, la violencia e inseguridad que se vivía en Tamaulipas, Morena quería llevar a juicio político a su entonces gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Uno de los promotores en el Senado de la República que preside Ana Lilia Rivera, fue precisamente el actual gobernador, Américo Villarreal que se desempeñaba como legislador, pedían a la Cámara de Diputados de la priista marcela Guerra, que lo llevaran al banquillo de los acusados para que respondiera por múltiples acusaciones, incluyendo del enriquecimiento ilícito. No prosperó.
Tamaulipas de por si está como ficha roja para el gobierno de Estados Unidos que mantiene a esa entidad en la antesala de prohibir que sus ciudadanos norteamericanos la visiten a raíz de los secuestros de cuatro estadounidenses el 3 de marzo del año pasado.
Los estadounidenses que cruzaron la línea, fueron Latavia “Tay” McGee, su primo Shaeed Woodard, Eric James Williams y Zindell Brown. Una vez que llegaron a la ciudad fronteriza de Matamoros, fueron interceptados por un grupo de hombre armados que abrieron fuego contra su vehículo para después llevárselos secuestrados.
El gobernador Américo Villarreal tomó el caso a la ligera hasta que le tronó por los gritos del gobierno estadounidense que levantó la voz para exigir, a López Obrador su búsqueda en ese territorio fronterizo. Dos de ellos fueron asesinados.
En el proceso electoral los panistas de Marko Cortés denunciaron la intromisión en las campañas de grupos del narcotráfico a favor de Villarreal con recursos para un despilfarro financiero mayúsculo. No hubo reacción para indagar.
Hoy, Tamaulipas se ha convertido en la ruta de la muerte para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Los grupos delictivos pareciera que operan con toda la complicidad de la autoridad toda vez que las denuncias es que se les ve en las carreteras y ciudades en grupos con armas de grueso calibre en caravanas de autos sin que autoridad alguna los pueda ver.
Naturalmente que esas acciones generaron una incertidumbre al comercio que los mantienen con focos rojos y probablemente con grandes posibilidades de cerrar sus cortinas ante la extorsión desenfrenada y abierta, es decir, por la simple razón que Tamaulipas está que arde.
