CIUDAD DE MÉXICO.- Con 349 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea una nueva Ley de la Guardia Nacional, la cual reemplaza a la normativa vigente desde 2019 y establece de forma definitiva su integración a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta decisión marca un paso clave en la consolidación de esta corporación como fuerza permanente de seguridad pública. El dictamen fue turnado al Senado para su revisión y análisis constitucional.
La nueva ley —compuesta por 96 artículos distribuidos en siete títulos— define el funcionamiento, estructura y principios rectores de la Guardia Nacional. Entre los valores que regirán su actuación se encuentran el patriotismo, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la eficiencia y el profesionalismo.
Atribuciones y funcionamiento
Entre sus principales funciones destacan la prevención de delitos, la investigación e inteligencia preventiva bajo supervisión del Ministerio Público, así como operaciones encubiertas, recolección de datos en espacios públicos y tareas de verificación. También se contempla la coordinación con autoridades estatales y municipales a través de convenios específicos.
El dictamen aprobado incluye reformas a ocho leyes y dos códigos con el propósito de homologar derechos, responsabilidades y régimen disciplinario entre personal militar y los integrantes de la Guardia Nacional. Algunas de las leyes modificadas son:
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, para incorporar formalmente a la Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública.
Ley de Educación Militar, que se extiende al personal de la corporación.
Leyes de Disciplina, Ascensos y Seguridad Social, que permitirán igualar condiciones laborales y jerarquías.
Códigos de Justicia Militar y Procedimientos Penales Militares, los cuales amplían la jurisdicción penal militar a los integrantes de la Guardia, asegurando mecanismos de control e inclusión.
Mando operativo y rendición de cuentas
El mando supremo de la Guardia Nacional recaerá en la Presidencia de la República, mientras que la operación cotidiana será responsabilidad de la Sedena, a través de una cadena de mando jerárquica que incluye una comandancia nacional y coordinaciones territoriales.
La iniciativa también contempla que la corporación presente informes anuales al Senado sobre su desempeño, y que toda intervención de comunicaciones esté sujeta a autorización judicial, como medida de garantía de derechos fundamentales.
Esta nueva legislación, impulsada por la presidenta de la República y alineada con la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, tiene como objetivo fortalecer el marco legal que regula a la Guardia Nacional, consolidar su institucionalización y mejorar su capacidad operativa en el combate a la inseguridad.
AM.MX/fm
