Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México han dado un paso significativo hacia la despenalización del aborto al aprobar un dictamen que reforma varios artículos del Código Penal. Este cambio busca que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no enfrenten penalizaciones por ejercer su autonomía sobre sus cuerpos.
El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fundamentó el dictamen señalando que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes”. Resaltó la importancia de abordar este tema de manera integral, argumentando que la decisión de tener hijos es un aspecto privado que está ligado a otros derechos fundamentales.
Por su parte, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) celebró la reforma como un avance hacia el acceso seguro y regulado al aborto, afirmando que “desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones.” Enfatizó que el 77% de estas se realizaron antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite métodos menos invasivos.
Sin embargo, no todos los legisladores están de acuerdo. La diputada América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) expresó su preocupación por la falta de consideración hacia las voces pro vida, argumentando que la reforma propone “matar con impunidad” al eliminar los límites de semanas para interrumpir el embarazo.
Desde la perspectiva de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA), la reforma no busca modificar el consenso actual de 12 semanas como límite para la decisión del aborto. Aseguró que la intención es despenalizar esta práctica para que las mujeres no sean criminalizadas por tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo.
El debate también abordó la importancia de proteger la vida desde la concepción, como mencionó la diputada Olivia Garza de los Santos (PAN), quien argumentó que “nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente.” Sin embargo, otras legisladoras, como Valeria Cruz Flores (MORENA), afirmaron que el objetivo del dictamen es que “no se siga criminalizando el aborto” y que las mujeres puedan acceder a un procedimiento seguro.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) subrayó que la despenalización del aborto es “una cuestión de justicia social y libre decisión,” recordando que la lucha por estos derechos ha avanzado en varios países de América Latina y que la Ciudad de México ha sido pionera en este ámbito.
Por otro lado, la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) destacó que este avance es crucial para “que ninguna mujer en la Ciudad de México sea criminalizada” por decidir sobre su cuerpo. Aun así, se mantienen posiciones en contra, como las de Yolanda García Ortega (PVEM), quien consideró que “el aborto no es un derecho humano” y propuso alternativas al mismo.
A medida que este dictamen avanza en el proceso legislativo, queda claro que la despenalización del aborto seguirá siendo un tema polarizante en la sociedad mexicana, con profundas implicaciones en los derechos de las mujeres y la salud pública.
AM.MX/CV
