CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña coincidieron en que en la construcción de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias participan todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, por lo que será un producto suficientemente consensado, equilibrado y armonizado.
La presidenta de la Comisión de Justicia aseguró que existe el firme compromiso del Congreso para que en septiembre, al inicio del Periodo Ordinario de Sesiones, se procese legislativamente el proyecto, porque facilitará el acceso a la justicia de todas las personas y cumplirá con la deuda que se tiene desde hace cinco años con la sociedad.
En un foro que se llevó a cabo en Veracruz sobre esta materia, Sánchez Cordero garantizó que será un producto suficientemente consensado, equilibrado y armonizado, que beneficiará a todo el país, porque en su construcción participan todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y porque se escucha a todas las voces involucradas.
Destacó que esta herramienta permitirá promover la participación activa de la sociedad mexicana en la impartición de justicia del país vía extrajudicial, a través de la instrumentación de soluciones a sus conflictos, sin la necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales.
La legisladora subrayó que en esta Legislatura, las y los senadores están comprometidos en trabajar de la mano con todas las fuerzas políticas y con la Cámara de Diputados, para facilitar la confección del nuevo ordenamiento, a fin de atender las necesidades de la población y que al mismo tiempo responda al progreso en materia de justicia en el país.
“Esta ley se caracteriza por resolver en una vía idónea los conflictos y se caracteriza por la no confrontación, ni la creación de desavenencias, sino que permite encauzar la voluntad de las partes y fomentar una resolución amigable”.
Además, elimina formalidades excesivas, términos extensos, costos onerosos y el desgaste emocional de las personas involucradas, indicó.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que en un país donde sólo se destina menos de una tercera parte de un punto porcentual del Producto Interno Bruto para todos los sistemas judiciales, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es de lo más relevante, porque permitirá agilizar el acceso a la justicia.
Detalló que en México 70 por ciento de los asuntos versan sobre las materias civil o familiar, por lo que existe una abrumadora carga de trabajo en las instituciones jurisdiccionales.
El senador consideró que existe una desproporción presupuestaria entre los órganos judiciales federales y los de las entidades federativas, pues a éstos sólo se les destina 30 por ciento de los recursos disponibles.
En este sentido, afirmó que estos procedimientos alternativos de resolución de controversias, entre los que se cuenta la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, facilitan que las mismas partes, sin presencia de algún funcionario habilitado por el Poder Judicial, acuerden la forma de solventar sus problemas.
“Dadas las limitaciones presupuestarias se necesitan herramientas como esta ley, que lejos de perpetuar el conflicto, permite su solución. Los medios de solución de controversias les permiten a las partes diseñar su arreglo o sentencia, participar en su confección lo que provoca que la ejecución de lo convenido sea más tersa”.
Para muestra, dijo, el reporte de World Justice Project, en su estudio 2021, sobre justicia alternativa en materia penal, dejan muy claras las ventajas de estos modelos alternativos, ya que en 2019 los costos por carpeta atendida fueron de tres mil 500 pesos contra 13 mil 900 de las carpetas del método convencional.
Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, Daniel Cordero Gálvez, calificó como positivo este tipo de foros, porque se escucha a todos los involucrados y nutre los trabajos de los y las legisladoras en beneficio de la sociedad.
Afirmó que para que no se quede en “letra muerta” lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado en junio de este año, es necesario otro mecanismo enfocado a la justicia alternativa, como la Ley que se construye en el Congreso.
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