Federico Berrueto
Diciembre es el cierre de un año sumamente complejo, y anticipo de un intrincado 2023. Muchos eventos de estos días obligan a eludir la polarización, sin que ello implique que cada uno deje de promover o defender la causa o razón de su afinidad o ceda en su rechazo a lo que en su sentir merece. La polarización anula la razón y las posibilidades de construir soluciones compartidas. Lo peor de todo es que vuelve anatema el respecto al otro.
En el país se han anticipado los tiempos electorales. La activación mayor viene del gobierno y ante una sucesión anticipada la política desborda lo dispuesto por la ley y cualquier sentido de contención. La prudencia ha desaparecido del diccionario. El respeto a la legalidad desde el poder se descalifica como ardid del enemigo, los supuestos conservadores, categoría a la que se incorpora a todo crítico e independiente, incluyendo a aquellos con credenciales, razones, trayectorias y precedentes totalmente opuestos.
El proceso legislativo para la aprobación de la reforma política constitucional y, especialmente, su secuela, la iniciativa de reforma electoral, se explican por el entorno de guerra construido desde el poder. El diálogo y la corresponsabilidad son vistas como trampa mortal, ya no se diga el acuerdo plural. No deja de sorprender que la mayoría morenista cediera, a espaldas de López Obrador, al chantaje del PT y PVEM para introducir modificaciones inconstitucionales y que violan el principio de que el voto, no la negociación cupular representa la sobrevivencia de los partidos. Afortunadamente, el presidente se mantuvo en su postura y obligó a que se revirtieran las disposiciones de la llamada “vida eterna” de los partidos, orillando a que la aprobación final se lleve a febrero con la votación final del Senado.
En su secuela, las reformas serán objeto de judicialización diversa, desde los temas laborales por los trabajadores del INE, los juicios de amparo que podrían interponer los ciudadanos, las acciones ante el Tribunal Electoral para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y, con consecuencias más trascendentes, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales a interponer ante la Corte por el INE, los partidos y sus legisladores, entre otros. Todo esto anticipa que el Poder Judicial Federal y la Corte serán protagonistas en temas fundamentales para la vida política del país.
Otro asunto ha sido el atentado contra Ciro Gómez Leyva. Las autoridades responsables de la investigación podrían dar el campanazo de aclarar el crimen y sus responsables en este mismo año, que representaría un éxito en un asunto de la mayor seriedad. Si el autor intelectual es un criminal convencional que no mide las consecuencias de sus acciones, resulta sumamente pernicioso porque evidencia el deterioro del Estado de Derecho y la pérdida del menor sentido de contención por parte de los delincuentes. Si en la acción hubo perspectiva sobre sus consecuencias de haber prosperado el atentado, entonces estamos iniciando una etapa peligrosa e inquietante desde una óptica de Estado. En tales condiciones, sería un tanto el regreso de 1994, año trágico para el país, y el inicio de mucha de la descomposición de la seguridad pública e institucional.
De cualquier manera, las investigaciones y, en su caso, los procesos penales relacionados con el tema Ciro Gómez Leyva y los crímenes contra periodistas estarán presentes durante el año entrante. La polarización propicia la maledicencia y la asignación frívola de responsabilidades a partir del encono o del agravio. Sucede en un polo o en el otro, de allí la necesidad de que prevalezca un sentido de mesura y de evitar que estos asuntos sean parte de la disputa por el poder.
En 2023 habrán de definirse las candidaturas presidenciales, de los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México. Ante tal ambiente, es temerario aludir a la prudencia. No obstante es menester que cada quien se dedique a lo suyo, tarea compleja y difícil: las autoridades a cumplir con su responsabilidad, partidos a procesar sus decisiones internas, prospectos de candidatos a razonar su causa, autoridades electorales a hacer valer la ley y organizar una elección ejemplar, la Corte y el Poder Judicial federal a dirimir controversias con fundamento en la Constitución y, desde luego, los medios ejercer su tarea de manera plural, abrir cauce razonado y razonable al debate y la controversia, así como a informar y dar curso a la libertad de expresión.
