CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, presidido por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), analizó con especialistas las vertientes de los “Requerimientos de Gasto, Convención Nacional Hacendaria”.
En reunión digital, el diputado Ramírez Cuéllar apuntó que es fundamental analizar la Convención Hacendaria, no solamente por las dificultades financieras que atraviesan los gobiernos subnacionales, sino por la falta de actualización de los esquemas y del pacto fiscal federal.
Es uno de los grandes temas que, por retraso, tendrá que abordar con prontitud la próxima Legislatura a través de un gran acuerdo, con el propósito de garantizar mayor sustentabilidad en los gastos de los municipios y estados con una mayor corresponsabilidad entre todos los órdenes de gobierno.
Adriana Hernández Hortiales, enlace técnico del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, comentó que el documento que presentará este grupo define que el actual federalismo fiscal no está balanceado con la debida rendición de cuentas y medidas de responsabilidad, lo que ha debilitado la eficacia del gasto público.
Además, puntualiza que el Pacto Fiscal no considera los esfuerzos que realizan las entidades en torno a su recaudación, no tiene transparencia ni rendición de cuentas efectiva.
“Se observa un desorden fiscal y una debilidad de las instituciones públicas, en particular en las municipales. Los gobiernos dependen cada vez más de las transferencias lo que los pone en desventaja, pues no han incentivado ni invertido en acciones que les generen ingresos propios”.
Mariana Campos, de México Evalúa, dijo que este es el tema que tiene mayores rezagos y cuenta con mayor potencial para desarrollar la política fiscal de México. No se trata de romper un pacto fiscal, sino de un mejor acuerdo para todas las partes y resolver problemas públicos en pro del progreso del país.
Comentó que hay rezagos complejos, principalmente a nivel local y en la parte de predial. Consideró que es necesario crear convenios con entidades y municipios para realizar el procedimiento de recaudación. Sobre la tenencia, dijo que se tiene que pensar en los incentivos para que no se cobre como refrendo, ya que esto afecta a las personas con menos recursos.
Christopher Cernichiaro Reyna, coordinador de Finanzas Públicas Locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C., afirmó que todos los estados tienen la capacidad de recaudar impuestos locales, sobre la nómina, predial y tenencia como porcentaje del PIB, esquema que mide la capacidad de recaudación de cada entidad, determinada por el tamaño de la economía local.
Cada estado tiene un potencial heterogéneo y en la captación de recursos puede compensar la reducción del gasto federalizado registrada durante la pandemia y la contracción económica (2020 y 2021). A nivel individual, en promedio cada uno de los estados podría compensar 76 por ciento.
Baja California Sur podría compensar hasta 2.2 veces, porque tuvo un menor porcentaje de reducción, pero Chiapas tiene menor capacidad para compensarlo por el tamaño de su economía. Destacó que son los trabajadores los que absorben el costo del impuesto impactando su poder adquisitivo del salario, por lo que es más factible analizar el cobro de impuestos de forma combinada vinculada a un porcentaje del PIB.
César Velázquez Guadarrama, investigador de la Universidad Iberoamericana, dijo que los gobiernos estatales carecen de un gasto público eficiente, pues más que promover políticas públicas pro crecimiento, pareciera que tienen incentivas para tener políticas públicas clientelares, además de que su gasto corriente y transferencias han aumentado en los últimos 10 años.
“La razón es que no hay castigo por no crecer, ni premio por hacerlo, pues aunque un estado progrese o decrezca, sus ingresos fiscales siguen igual. Propongo que las entidades participen en una recaudación impositiva de base amplia”.
Patricia López Padilla, de Coparmex Nacional, planteó que se debe analizar la repartición de aportaciones y propuso un 70 por ciento para la Federación y 30 para las entidades federativas, fortalecer las herramientas con las que cuentan los municipios para su recaudación y que no haya una división del impuesto predial entre entidades y municipios porque esto los rezaga por ser su principal ingreso.
Emilio Barriga, auditor especial de la ASF, indicó que en México se desperdicia el potencial recaudatorio en materia de predial debido a que solo se recaudan 56 mil millones de pesos, el 0.2 por ciento del PIB, y que corresponde más de una tercera parte a la Ciudad de México. Dijo que con otros mecanismos se podrían recaudar 270 mil millones de pesos en materia predial y esto, explicó, marcaría la diferencia en cuanto a los recursos que tendrían los municipios.
Héctor Villarreal Páez, doctor en microeconomía aplicada y maestro en ciencias con especialidad en economía por la Universidad de Wisconsin-Madison, sostuvo que si vamos hacia una transición fiscal profunda, nos lleve a donde lleve, no puede ocurrir sin tener claro qué estamos esperando en términos de gasto de las entidades, cuáles son sus responsabilidades, porque podríamos caer, de irnos de una tragedia a otra, una precariedad fiscal aberrante, que se resuelva o palíe, para que terminen engordando nóminas”.
Iván Benumea Gómez, coordinador del Programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis e Investigación y licenciado en derecho por la UNAM, enfatizó la importancia de evaluar qué sucede con los gastos y beneficios fiscales en materia de predial, porque existe desorden en las entidades federativas y municipios. Consideró necesario que la ciudadanía evalúe si su predial está siendo bien cobrado transparentando los valores catastrales, ya que existe un vacío en materia de acceso a la información.
AM.MX/fm
