CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre.- (AlmomentoMX).- La llamada «guerra contra el narcotráfico» inició en 2006. Las acciones que se llevaron a cabo implicaban intervención federal militar en zonas donde los cárteles de las drogas tenían presencia. Al mismo tiempo estas organizaciones comenzaron a buscar nuevos territorios para seguir trabajando, de zonas urbanas a las rurales, ubicando puntos estratégicos en comunidades indígenas.
“Los carteles se interesaron particularmente en obtener el control sobre las regiones indígenas, especialmente en los sistemas de la sierra norte y sur. Estas regiones montañosas son lugares ideales para el cultivo de marihuana y adormidera”, explica en su investigación Indigenous Resistance to Crimal Governance: Why Regional Ethnic Autonomy Institutiions Protect Communities from Narco Rule in Mexico» la Dra. Sandra Ley, profesora investigadora de la División de Estudios Políticos (DEP) del CIDE.
En el artículo de investigación, publicado en la revista Latin American Research Review ―en el que también trabajaron Shannan Matice y Guillermo Trejo― se indaga en los factores que pueden propiciar que ciertas comunidades indígenas pongan resistencia al ingreso del crimen organizado en sus territorios.
En entrevista, la Dra. Sandra Ley explicó cuál fue el punto de partida para comenzar la investigación: ‘’los primeros estudios sobre violencia criminal en México revelaban que los municipios con mayor población indígena tenían menos niveles de violencia criminal, eso en algún momento nos llevó a pensar que las comunidades indígenas están más organizadas y tenían mejor capacidad de resistencia al crimen organizado’’.
La investigación indaga las circunstancias y características bajo las que comunidades indígenas pueden contener el dominio del crimen organizado. Para ello se estudiaron dos sitios con características parecidas: la sierra Tarahumara, en Chihuahua y las regiones de Montaña y Costa Chica, en Guerrero.
Para indagar en las dos comunidades indígenas, los investigadores hicieron una comparación pareada de las características de cada territorio y entrevistas cualitativas a profundidad. Con la aplicación de estas dos técnicas se tuvo el objetivo de explicar los mecanismos de control interno y de protección al exterior para blindarse del crimen organizado.
Se encontró que ambas comunidades comparten algunas características: su organización comunitaria, sus autoridades indígenas y sus leyes consuetudinarias. Sin embargo, también se hallaron diferencias importantes que explican el hecho de que en la sierra Tarahumara el crimen organizado sí ha tenido un dominio de varios sectores, como el político, el social y el económico.
En cambio, Montaña y Costa Chica, en Guerrero, han sido territorios que resisten el ingreso del crimen organizado. Esto se debe a un contexto histórico anterior, en el que las comunidades indígenas se han movilizado por sus derechos y han desarrollado movimientos significativos para su autonomía, especialmente después de 1994.
Además, dentro de los hallazgos de la investigación se encontró que Montaña y Costa Chica desarrollaron un sistema regional judicial y policial: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC). Se trata de un sistema donde las asambleas comunales sancionan y eligen a las personas de la comunidad que fungen como oficiales y fiscales de la región.
Los fiscales y oficiales no tienen remuneración económica alguna, se trata más bien de una labor que ejecutan como un acto de honor. Es por eso que no se dejan corromper por el crimen organizado. La red que se construyó entre Montaña y Costa Chica es translocal y se ha ido construyendo a través de años de movilizaciones.
Al respecto Dra. Sandra Ley comentó “la importancia del mecanismo adicional que encontramos, que es la red translocal, es que en el momento en que una comunidad esté amenazada sea posible que otros dentro del sistema de la CRAC- PC lleguen a ayudar. Es lo que llamamos el poder de los números y de compartir información. La capacidad para llegar a ayudar en el momento de una amenaza real del crimen organizado implica que tienen un mayor poder de resistencia.”
La sierra Tarahumara, por el contrario, no tiene comunicación con otras comunidades y no se tiene la posibilidad de formar redes translocales, como en el caso de Guerrero. En la investigación se explica, por lo tanto, que los mecanismos de control interno de las aldeas en esta comunidad de Chihuahua han sido insuficientes y el crimen organizado se ha apoderado de la región.
La investigación recomienda que no se debe desmantelar el sistema CRAC-PC, sino por el contrario, se debe fortalecer porque es lo que permitiría tener mayores herramientas y tal vez poder empezar a entender procesos que se deberían aplicar a otros esquemas.
¿CRAC-PC puede replicarse en otras regiones?
Actualmente los doctores Sandra Ley, Miguel Trejo y Shannan Mattiace continúan trabajando en el tema. Recibieron un fondo de investigación por parte de la Guggenheim Foundation, una de las organizaciones más importantes en el estudio de la violencia en el mundo.
La siguiente parte de la investigación consiste en hacer encuestas con el objetivo de entender mejor cuáles son los mecanismos de la CRAC-PC a nivel individuo, cuáles son esos elementos exitosos para poder transformar el comportamiento de las personas con un cargo policial o judicial dentro de los territorios guerrerenses.
“Esperamos que nos permita tener mayor evidencia sobre cómo podría ser posible replicar algunos aspectos en cuanto a organización de nuestras comunidades, de tal manera que entonces podamos tener mejores herramientas para resistir a la violencia”, externó la Dra. Ley.
Sandra Ley es Doctora en Ciencia Política por la Universidad Duke, especializada en comportamiento político, conflicto y violencia. Su línea de investigación analiza el impacto de la violencia criminal en la población mexicana. Recientemente la Revista Comparative Political Studies otorgó el premio de mejor artículo del 2018 a su investigación “Why Did Drug Cartels Go to War in Mexico? Subnational Party Alternation, the Breakdown of Criminal Protection, and the Onset of Large-Scale Violence” ―en coautoría con el Dr. Guillermo Trejo.
AM.MX/fm
