Francisco Gómez Maza
• Si los mineros canadienses no cumplen, deberán irse
• Si los jueces declaran inconstitucional la ley eléctrica…
Pareció que ardería Troya en la mañanera de este miércoles 17 de marzo.
No se salvaron ni los mineros canadienses ni mucho menos los jueces que comercian con el juicio de amparo.
Mineros y jueces siguen poniendo en jaque la paciencia del sistema político de la Cuarta Trasformación, que confronta diariamente a una estructura político-económica, sustentada en la ceguedad de las leyes económicas dictadas por el neoliberalismo, cuyo producto inmediato y más sustancioso es la corrupción.
No ardió Troya porque el sitio donde estuvo asentada esta mítica ciudad queda del otro lado del Atlántico.
Pero el Presidente planteó serias advertencias. Advertencias que endulzaron los oídos de sus simpatizantes – “el pueblo” – e irritaron a los potentados, privilegiados por los gobiernos de la derecha contra revolucionaria, que convirtió en mercancía las riquezas del subsuelo, el torrente de los ríos, las vías férreas de los ferrocarriles, el espacio radioeléctrico, las concesiones y las leyes.
Hasta ahora, históricamente, las leyes fueron creadas por el denominado Congreso de la Unión exclusivamente para defender a los poderosos plutócratas; defenderlos de los pobres.
Pero después de porfiar por años, el tabasqueño fue objeto de la simpatía y el apoyo de 30.000,000 y tantos electores, que hizo polvo a los partidos políticos defensores del estatus quo. Y ahora, está poniendo en práctica lo que prometió en sus campañas. Y esto, aunque ya lo conocían sus enemigos políticos, los empresarios ultraconservadores y sus defensores, los jueces corruptos y los periodistas a modo, pues no les agrada en lo más mínimo. Están acostumbrados a que los gobernantes “trabajen” para ellos a cambio de suculentas comisiones, llamados moches, en el lenguaje de la corrupción.
Pues de repente, los periodistas que cubren diariamente las contradictorias mañaneras, unos por simpatía con el mandatario y otros que van para ponerle trampas (a ver si cae en contradicciones) se quedaron fríos porque, en el momento menos pensado, saltó como liebre la noticia del día. De ocho columnas para este escribidor:
Si los mineros canadienses no respetan las leyes mexicanas serán objeto de la aplicación de la ley, lo que quiso decir que se reformarán las leyes para quitarles la concesión de explotar los productos mineros del subsuelo mexicano. Y es que estos voraces empresarios explotan los minerales, se los llevan a su país, explotan a sus trabajadores y, de ribete, escatiman parar impuestos y derechos de explotación, producción y comercialización de los minerales. Punto.
No habrá más complicidades, como las hubo con los gobiernos llamados neoliberales.
Y otro tanto llevaron los jueces y me temo que el mismito Poder Judicial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, ante un eventual freno en el Poder Judicial a la nueva ley eléctrica, presentará una iniciativa de reforma constitucional.
Y es que, una vez aprobada la Ley de la Industria Eléctrica, que despoja de los grandes privilegios que los gobiernos del PRI y del PAN otorgaron a capitalistas locales y extranjeros, se han multiplicado los amparos contra esa reforma constitucional, aprobada mayoritariamente por las Cámaras legislativas.
El mandatario confió a los periodistas que la reformada ley eléctrica no es inconstitucional, pero si lo determinan jueces, magistrados y ministros que sí lo es, y no puede proceder, “enviaría una iniciativa de reforma constitucional”, con todo lo que significa “enviar una reforma…”
Fue contundente con esa parsimonia y lentitud en su hablar. Afirmó categóricamente que él no puede ser “cómplice del atraco” y de que los particulares afecten la economía de los más pobres.
No obstante, reiteró la propuesta de revisar y negociar los contratos actuales para buscar mejores condiciones para el erario y para los consumidores finales.
“Todo es en beneficio de la nación; al final nosotros somos solamente administradores de los recursos del pueblo”, enfatizó.
